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Legisladoras listillas
Al Rey Sol
En Jalisco el número de delitos llevados ante un juez registró un retroceso en los últimos años desde el 25 por ciento reportado en el sexenio de Emilio González Márquez al actual 15.6 por ciento en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.
Quedan fuera de esta estadística más de nueve de cada 10 ilícitos, que ni siquiera son denunciados, acotó Jorge Tejada Montaño, miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
El dato más reciente corresponde a 2020 y fue obtenido a través de un análisis estadístico de la labor de la Fiscalía del Estado, así como las del resto del país, realizado por la organización civil Impunidad Cero y publicado en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021, destacó el especialista en justicia penal y seguridad.
Si bien la proporción está al nivel de la media nacional de 15.5 por ciento, en estados como Guanajuato y Chiapas sobrepasa el 35 por ciento.
“La efectividad de 15 por ciento no quiere decir obtener una sentencia, sino obtener datos de pruebas de un delito y quién lo cometió y hacer alguna acusación ante la autoridad. Eso anda rondando 15 a 16 por ciento. Con el gobierno panista de Emilio González Márquez había un efectividad del 25 por ciento”, contrastó.
Tejada Montaño explicó que hay aproximadamente 93 por ciento de delitos que no son denunciados, lo que se conoce como cifra negra, ya que la Fiscalía desincentiva la denuncia. En vez de facilitar el proceso a las víctimas, los funcionarios les ponen obstáculos para denunciar.
El IEDF encontró una mejora en los tiempos de espera en el ministerio público en Jalisco, que pasó de 20.9 por ciento de ciudadanos que debían esperar más de cuatro horas para denunciar en 2016 a 14.3 por ciento en 2020, pero podría estar relacionado con la discriminación que hace el área de atención temprana de la Fiscalía para impedir algunas denuncias.
“El área de atención temprana se diseñó para distinguir, de las denuncias y delitos y conflictos penales recibidos, cuáles podrían ser rápidamente solucionados en la justicia alternativa, en los métodos alternativos de solución de controversias con los mediadores o conciliadores de la Fiscalía o en el Instituto de Justicia Alternativa (IJA)”, afirmó el experto.
“Por eso se llama atención temprana del conflicto. Pero con el tiempo se ha malentendido y se ha pervertido y se usa como una ventanilla de discriminación del ciudadano en donde “en tu caso no va a proceder o no traes documentos” y ocurre algo terrible. No es que se canalice su denuncia a algo que se va a investigar penalmente”.
Ello se traduce en que solo se denuncien siete a ocho delitos de cada 100 y que solo se judicialice uno, con una probabilidad de esclarecimiento de 1.11 por ciento.
Jalisco es el quinto estado con peor índice de transformación digital en la calificación del IEDF, con tan sólo 38.9 por ciento de avance, cuando estados como Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán rondan 90 por ciento y Nuevo León alcanza 94.4 por ciento.
El reporte da cuenta de que en Jalisco no hay plataforma de denuncia, canales alternativos de denuncia ni capacitación a funcionarios en sistemas informáticos.
Aunque hay ese tipo de sistemas y un número único de caso, solo el personal pude acceder medianamente, pero no permite dar seguimiento a actos de investigación ni permite a víctimas e imputados acceder a su carpeta de investigación, que son cruciales en el sistema de justicia penal acusatorio.
“El abogado sufre mucho cuando tiene necesidad de hacer un trámite en línea relacionado con denuncia de delitos y seguimiento de investigaciones. En Jalisco es prácticamente eso inexistente. Todo es a la antigua yendo, compartiendo e incluso cosas que podrían ser por teléfono se dificulta”, lamentó Tejada Montaño.
“El abogado tiene la comparación porque, si quiere demandar un amparo o hacer trámites o ante el Poder Judicial Federal en línea, esto es una realidad con las firmas digitales e incluso en otras dependencias”.
jl/I