No se mata la verdad

No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente

Virginia Woolf

La democracia contemporánea descansa en dos pilares fundamentales: la libertad y la igualdad. En la medida en que estos dos principios mantengan su delicado equilibrio será posible sostener la calidad de la democracia en cualquier tiempo y lugar. El Estado está obligado a mantener ambos preceptos y su cumplimiento puede evidenciar la jerarquía de su desempeño. Los asesinatos de tres periodistas (Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y Margarito Martínez) en menos de un mes reflejan la incapacidad del Estado para garantizar la libertad de pensamiento –y las que de ella se derivan: de prensa, de opinión, expresión, a la información– de sus ciudadanos.

México es el país más peligroso para ejercer la profesión de periodismo (solo superado por Afganistán): de acuerdo con el portal Artículo 19, de 2010 a la fecha han sido asesinado 102 periodistas y cada 12 horas se registra una agresión contra los comunicadores. A pesar de que existe una ley que protege a defensores de derechos humanos y periodistas, el Estado no ha logrado dar la protección obligada. Dicha ley creó un “mecanismo” para que “el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”; no obstante, más de 90 por ciento de las agresiones y los asesinatos de los periodistas no son sancionados y las investigaciones respectivas duermen en las fiscalías el sueño de los justos.

Esto es indignante, pero no debe sorprendernos pues el principal agresor verbal lo hace a diario desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador se ha enfrascado en una contienda asimétrica contra los medios alegando su derecho de réplica, aunque la ley de la materia establece que el contenido de la réplica deberá limitarse a la información difundida y en ningún caso deberá comprender juicios de valor u opiniones.

Por otro lado, se ha instaurado el Quién es quién en las mentiras, a cargo de una persona incapaz de leer de corrido un párrafo, “tersiversando” (sic) la información, dando datos falsos, incorrectos o parciales. De ahí la asimetría en el derecho de réplica porque, en lugar de responder –como lo establece la ley– cuando se trate de medios impresos, la réplica debe publicarse en la misma página, y cuando se trate de radio o televisión, en el mismo programa y horario. Esto es, se utiliza toda la fuerza del Estado para arremeter contra los comunicadores y sin posibilidades que éstos tengan acceso a la réplica.

Adicionalmente, en Veracruz está tipificado el delito de “ultrajes a la autoridad” y se usa para silenciar opositores políticos y violar derechos humanos. En octubre pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó derogar el artículo 331 del Código Penal con base en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se indicó que el vocablo “ultraje” es un término “con una referencia imprecisa o indeterminada a un amplio espectro de conducta”. Hasta la fecha no se ha derogado y muchas personas siguen en la cárcel.

El pasado 19 de enero la SCJN sentenció que los medios de comunicación como la radio y la televisión deberán diferenciar cuando estén compartiendo contenido informativo o cuando estén vertiendo opiniones, a lo que la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se inconformó, pues considera que “dicha sentencia es una ataque directo e inusitado a la libertad de expresión”.

Cuando el Estado es el principal agresor contra la libertad de expresión, la democracia se ve seriamente amenazada.

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