Porque pueden

Hace varios meses, en una reunión organizada por Alejandra Nuño en el ITESO, en la que diplomáticos y expertos forenses alemanes se reunieron con representantes de colectivos de familiares de desaparecidos y de mujeres violentadas, quien encabezaba al grupo europeo preguntó, tras escuchar las historias que parecían de terror, por qué sucedían. La respuesta de una de las activistas fue: “Porque pueden”. 

La respuesta quedaba como anillo al dedo en cada uno de los casos. Porque la impunidad con la que se cometen delitos en Jalisco y en todo México tiene que ver con las altas posibilidades que tienen los autores de no pagar por ello. 

Ayer, en una entrevista para Informativo NTR para hablar sobre el asesinato de Eduardo Salomón Puertos Gaytán, el director regional de Tejiendo Redes por la Infancia, Juan Martín Pérez, compartió una cifra que respalda el argumento de la activista en esa reunión: de cada 100 carpetas que se abren en Jalisco ante un delito cometido contra un menor de edad, sólo tres terminan en una sentencia. El resto, 97 por ciento, se pierde en la impunidad. 

¿Por qué se cometen con esa impunidad los delitos en contra de las personas que tendrían que estar protegidas por el Estado y los adultos? Porque pueden. 

Cada día en Jalisco desaparecen en promedio 17 personas. El dato fue compartido por el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Cada una de ellas tenía un lugar en su familia, entre sus amigos o en su comunidad, desde donde fue arrebatada para convertirse en un actor de la tragedia más grande que ha vivido nuestro estado. 

Cualquier delito que daña a las personas que amamos es terrible, pero las desapariciones se han convertido en la peor pesadilla que los jaliscienses pudiéramos tener. Las redes sociales, las notas de los medios de información, las charlas familiares o de amigos están plagadas de historias de personas que ya no están. ¿Por qué la delincuencia o elementos de corporaciones de seguridad desaparecen a los nuestros? Porque pueden. 

Las historias que escuchamos casi siempre las dejamos pasar, pensando que son lejanas, que nos son ajenas. Hasta que alguna tiene características que nos hacen reflexionar que podríamos ser las víctimas o, todavía peor, que algún ser querido podría ser víctima. Ahí ya no cuentan nuestros pretextos de “en algo andaban” o “estaba en el lugar equivocado”. 

Es lo que sucede con el caso de Eduardo Salomón, un joven que estaba en su casa, el espacio que tendría que ser de mayor seguridad para él y sus hermanitos. Su perfil, según han contado sus padres y vecinos, era el de un joven sobre el que ninguna autoridad podría soltar una de sus absurdas líneas de investigación para justificarlo y lavarse las manos. 

En lo que va del gobierno de Enrique Alfaro han desaparecido 339 menores de edad, de los que 30 han sido encontrados sin vida, según datos publicados por la reportera Rubí Bobadilla. 

¿Por qué un comando armado puede llegar a una casa y llevarse a un joven sin ser detectado por las autoridades? Porque puede. 

Pero ¿por qué pueden? Porque quienes cometen un delito tienen la certeza que no serán perseguidos y mucho menos sancionados. 

Tenemos autoridades que, en el mejor de los casos, prefieren voltearse y no ver la realidad que aterra a los ciudadanos. Y si alguien pone los números y las historias sobre la mesa es entonces severamente cuestionado desde el poder. Sus estrategias apuntan a maquillar lo que vivimos y no a ofrecer una salida. 

Un presidente municipal no manda en su territorio y, cada vez podemos estar más seguros, tampoco un gobernador. Y simulan que atienden el problema gastando en millonarias compras de patrullas y equipos, porque pueden. 

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