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Por fin, último cartón
Otra vez a esperar
En tan sólo tres años, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, concretó al menos 40 privatizaciones de servicios públicos a través de contratos multianuales y arrendamientos.
Al corte del 13 de diciembre de 2021, el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez se quitó la responsabilidad operativa de servicios como el mantenimiento carretero, el sistema de recaudo en camiones de transporte público, seguridad para edificios públicos, verificación vehicular y más.
Una revisión hecha por NTR detectó que, hasta el 13 de diciembre, la administración jalisciense había concretado 40 concesiones y arrendamientos por un monto de 23 mil 293 millones 175 mil 565.74 pesos. Al cierre de 2021, los jaliscienses habían pagado más de 9 mil 607 millones de pesos (mdp) de la cifra total.
Para este año la privatización de servicios implicará una erogación total de 5 mil 359.03 mdp, y para 2023 y 2024 quedará un restante de 8 mil 326.62 mdp.
De las concesiones detectadas, 21 se dieron a empresas constructoras, de materiales o maquinaria para que realicen trabajos de infraestructura pública durante el actual sexenio. Principalmente, las acciones se enfocan a mantenimiento carretero.
Esta dinámica ha provocado que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) pase de ser un ente operativo a uno administrativo y de supervisión de trabajos.
De las 21 concesiones de acciones de inversión pública, 12 tienen que ver con la conservación, mantenimiento, rehabilitación y construcción de carreteras estatales en Jalisco. Los 12 contratos fueron entregados a 20 empresas distintas; en algunos proyectos varias de ellas se asociaron.
Por ejemplo, Roth’s Ingeniería y Representaciones se asoció con Constructora Erlot y Asociados, Balken y Desarrolladores Verde Vallarta para conseguir dos concesiones. La primera, por mil 739.29 mdp, fue para la conservación periódica de las carreteras estatales que conectan la Zona Centro del estado los Altos. La segunda, por mil 625.99 mdp, se asignó para la conservación periódica de carreteras en Tala, El Salto, Chapala, Juanacatlán y San Martín de Bolaños.
Por su parte, la empresa Vise consiguió tres concesiones: una por 374.34 mdp para carreteras de la sierra de Amula, entre las que se encuentra la que parte del crucero de San Clemente hasta Talpa; otra por 253.82 mdp para la conservación de carreteras de la ribera de Chapala, y una más por 744.47 mdp para carreteras de los Altos, justo en la zona de San Ignacio Cerro Gordo y Tepatitlán.
Más allá de las concesiones, entre los arrendamientos contratados resalta el del programa A Toda Máquina (ATM), el cual arrastra irregularidades detectadas por la Contraloría de Jalisco. A partir de su implementación, el gobierno local rentó maquinaria pesada para entregarla a los Municipios y costará más de 3 mil 634 mdp.
Uno de los personajes que palomeó el contrato con Operadora de Servicios Mega, empresa ganadora del arrendamiento para ATM, fue Armando González Farah, entonces vocal suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) en el Comité de Compras del gobierno estatal y quien luego resultó beneficiado con dos contratos para conservación de carreteras.
NTR documentó que es presidente del Consejo de Administración de Desarrolladores Verde Vallarta, empresa que en asociación con Roth’s Ingeniería y Representaciones, Constructora Erlot y Asociados, y Balken consiguió 3 mil 419.29 mdp en concesiones para conservación carretera.
En su momento este medio también documentó cómo la SIOP dejó en manos de Avanzia Instalaciones la concesión del Sistema Inteligente de Gestión de Movilidad (Siga). El aval a la empresa se dio pese a que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presentar documentación falsa para ganar un contrato para el extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En Europa, los gobiernos ya comienzan a darse cuenta de que privatizar servicios no siempre da los resultados esperados, por lo que han empezado a retomar el control, describió el director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Antonio Sánchez Bernal.
Sin embargo, en México y Jalisco aún se le sigue apostando a este modelo pese a que, generalmente, la población no confía en que un gobierno privatice algún servicio.
Explicó que en sí las concesiones no son malas, pero deben hacerse con cuidado para que representen un verdadero beneficio para la población. Por ejemplo, que el servicio privatizado mejore y que haya ahorros sustanciales en materia económica. Lauro Rodríguez
jl/I