Descalificar la esperanza

La semana pasada el gobernador descalificó las acciones de familiares de personas desaparecidas, insinuando que detrás de los objetivos de búsqueda de sus seres queridos se esconden otro tipo de intereses y agendas.

Su declaración se llevó a cabo en el marco de la visita en el estado de Jóvenes Buscadores de Sonora y las labores de la Brigada de Búsqueda que conforman familiares de personas desaparecidas de los estados de Sonora, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Colima y Jalisco, organizada del 21 al 26 de febrero.

Las buscadoras reprobaron las dolorosas descalificaciones señalando que los objetivos de sus acciones son encontrar a sus familiares desaparecidos y cumplir con las funciones que deben realizar las autoridades. Motivadas por el dolor y llenas de esperanza, siguieron con sus actividades y desde los primeros días de la búsqueda lograron encontrar ocho fosas clandestinas en los lugares que supuestamente fueron previamente revisados por las autoridades, y esto tras su tenaz renuencia e impedimento a que entraran a los mismos.

A fin de mitigar los daños, el gobernador decidió al día siguiente reunirse con las participantes de la Brigada de Búsqueda en Casa Jalisco, comprometiéndose a brindar apoyo y garantizar su seguridad. Es lamentable que, ante más de 15 mil 900 personas desaparecidas en el estado, sólo obligado por la presión mediática, con las cámaras prendidas y amplia difusión en sus redes sociales, el gobernador buscara el acercamiento con las víctimas. Su oficina ha estado cerrada por años y la actuación de su administración ha dejado claro que nunca ha comprendido las necesidades de familiares de personas desaparecidas.

La problemática de desaparición de personas no debe someterse a interpretaciones, caprichos y descalificaciones personales. Es un asunto de obligaciones legales que han sido sistemáticamente ignoradas, incluidos los artículos transitorios de las leyes en materia de desaparición que de manera falsa se señalan como cumplidos.

Ante la negligencia y pocos avances en materia de búsqueda de parte de las autoridades, las y los familiares de personas desaparecidas se han organizado para cubrir la ausencia del Estado. A pesar de la impotencia y desesperación, sin miedo a la muerte emprenden acciones colectivas de búsqueda, esclarecimiento de los hechos y construcción de la memoria. Su trabajo ha dejado huellas de esperanza, dando lugar al impulso de la aprobación de leyes, así como creación de instituciones especializadas y políticas públicas en la materia. Se movilizan arriesgando su salud, su trabajo, situación económica, integración familiar o muchas veces hasta sus vidas.

Debido a su condición de género, muchas de las mujeres buscadoras en su accionar político se vieron obligadas a ejercer nuevos roles distintos a los que les fueron enseñados culturalmente, y han enfrentado los desafíos ante un contexto de relaciones de poder asimétricas, siendo objeto de revictimización y violencia institucional. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia institucional se entiende por “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminan o tienen como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”.

Definitivamente, tanto las declaraciones del gobernador como el hostigamiento reiterado de las autoridades indican una falta de consideración de su situación de vulnerabilidad, violentan los marcos normativos en materia de desaparición y constituyen violencia institucional.

El discurso del gobernador, a pesar de que parezca que ya escuchamos todo, no deja de sorprender. En distintas ocasiones hemos presenciado el maltrato y la criminalización de las víctimas, desacreditación de las personas que han señalado los errores de la actual administración o las narrativas sin perspectiva de género y sensibilidad, como fue por ejemplo en el caso de desaparición de Paula Petersen.

Tratar de encubrir la realidad y descalificar sin vergüenza la lucha de las víctimas, donde varias de ellas se encuentran en esta condición debido a su omisión en garantizar sus derechos, demuestra un cinismo y la ausencia aguda de humanidad y empatía.

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