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Eslabón en cadena de impunidad

Los caminos de la violencia, la inseguridad, la pérdida del territorio, las desapariciones, las fosas clandestinas, la violencia contra las mujeres, sólo por mencionar algunos, conducen irremediablemente al mismo sitio: la impunidad.

En México, desde diferentes ámbitos del poder, se ha ido construyendo esa impunidad, para dar cabida a la comisión de delitos y abusos, con la garantía de que no habrá sanción.

Por ello, lo que sucede en el Poder Judicial de Jalisco es muy relevante. El Poder Judicial es un eslabón más en la cadena de impunidad. No tener acceso a la justicia se ha convertido ya en una situación común.

Muy lejos quedaron aquellas declaraciones del gobernador Enrique Alfaro Ramírez saliendo de una reunión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2019, cuando aseguró mandar un mensaje “muy claro: la corrupción que tanto ha lastimado a nuestro estado va a llegar a su fin. Vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte, respetamos la autonomía del Poder Judicial, pero creo que todos los poderes públicos de este país tenemos una responsabilidad enorme para combatir la corrupción”.

La intervención que supuestamente debía servir para combatir la corrupción se convirtió en un simple “quítate tú para ponerme yo”. Enrique Alfaro no resistió la tentación de sus antecesores de tomar el control del Poder Judicial.

En los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional el Poder Judicial funcionaba sin disimulo como una dependencia del Poder Ejecutivo, donde el gobernador en turno decidía quiénes eran magistrados y éstos a su vez quiénes eran los jueces. Con la llegada de la alternancia vino la reforma de 1997, impulsada por el ex gobernador panista Alberto Cárdenas Jiménez, con la cual se modificó el esquema de nombramiento de magistrados y se creó el Consejo de la Judicatura, para quitar el control a los magistrados en las decisiones sobre los jueces y juzgados.

Pero el gobierno de Alberto Cárdenas también metió mano y nombró a los primeros magistrados vinculados al Partido Acción Nacional (PAN), estableciendo además el esquema de retiro de funcionarios del Poder Judicial que a la postre significó el reparto de esos espacios bajo el principio de “cuotas y cuates” entre los partidos políticos.

A partir del gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña, del también blanquiazul Emilio González Márquez y del priista Jorge Aristóteles Sandoval, los repartos de espacios en el Poder Judicial se mantuvieron sin pudor, con la anuencia de los presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en turno, que han mostrado más cercanía con los respectivos mandatarios que compromiso por dignificar la administración de justicia.

La llegada de Movimiento Ciudadano no modificó esos esquemas, a pesar de las agresivas declaraciones de Enrique Alfaro, quien aseguró: “Vamos a parar en seco a la corrupción del Poder Judicial”. Por el contrario, aprovechando la mayoría en el Congreso del Estado se amplió el control en los nombramientos de funcionarios judiciales y con ello, la intervención de actores políticos naranjas en las decisiones jurisdiccionales.

Las denuncias de abogados y funcionarios judiciales señalan directamente al consejero de la Judicatura, Iván Novia, y al ex secretario general de Zapopan, Rafael Martínez. Sin embargo, también afirman que muchas de las indicaciones que dan estos dos personajes terminan con la insinuación de que son órdenes del gobernador, quien tendría que deslindarse o, ahora sí, dar un manotazo en la mesa que pare en seco la corrupción, si es que alguna vez tuvo realmente esa intención.

Garantizar la administración de justicia es básico en una sociedad, y más si ésta es aquejada por la inseguridad y la violencia, como le sucede a Jalisco de manera permanente.

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JB