Por Peribús, Jalisco desatendió reactivación económica por Covid-19

Por las obras de Mi Macro Periférico, conocido también como El Peribús, el gobierno de Enrique Alfaro desatendió la reactivación económica tras la crisis de la pandemia de Covid-19, señaló el profesor de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara Virtual, Iván Arrazola Cortés. 

Aunque el Peribús es una prioridad para el gobierno de Jalisco y una obra en beneficio de la ciudadanía, al utilizar los recursos del préstamo por 6 mil 200 millones de pesos destinados a atender la pandemia de Covid-19 y la reactivación económica, el gobierno muestra un desaseo financiero, refirió Arrazola Cortés. 

“Cuando se contrató la deuda se supone que iba a ser atendido entiendo que esta era una prioridad para el gobierno, pero no se pueden desatender el resto de los otros rubros en los que se comprometió para el tema de la reactivación, un desaseo en el manejo de los recursos públicos”.

Recordar que el proyecto del Peribús lo inició la administración pasada con recursos federales, luego se utilizaron recursos de Jalisco y nuevamente más recursos públicos federales, por lo que seguir el hilo del financiamiento de este proyecto puede ser complicado para algunos ciudadanos, reconoció el académico de la Universidad de Guadalajara, Iván Arrazola.

Explicó que en un inició el Peribús se dijo costaría 434 millones de pesos y terminó costando más de 900 millones y a la fecha las obras complementarias no están terminadas, por lo que su costo se podría elevar.

Para Arrazola Cortés el uso discrecional de los recursos públicos por parte del gobierno de Jalisco que utilizó dinero del conocido Fondo Covid-19 para terminar las obras del Peribús, pero informar de este movimiento un año después, se debe a los vacíos legales de la Ley de Designaciones Públicas que dejan muchas lagunas y dan un marco de maniobra muy amplio al Ejecutivo para el manejo discrecional de los recursos públicos sin informar de manera clara y transparente.

Añadió que en el caso de la deuda por 6 mil 200 millones de pesos tanto el Ejecutivo como el Legislativo están implicados y mecanismos de gobernanza deberían revisar el proceso de contratación y ejecución de los recursos públicos.

EH