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Los regímenes políticos son entes vivos en busca de cambio, pero también de homeostasis: a veces avanzan a estadios superiores y en ocasiones retroceden. En los regímenes autoritarios tradicionales (militares o de partido único) todo es certeza, sin margen de desacierto o desatino. Andreas Schedler, catedrático del CIDE, publicó el libro La política de la incertidumbre. Sostener y subvertir el autoritarismo electoral, donde sustenta que, si bien han desaparecido esos regímenes autoritarios, las nuevas versiones de autoritarismo son menos inciertas en sus resultados, en especial los electorales.
Schedler conceptualiza estos regímenes como “autoritarismos electorales” (durante 70 años México padeció la “dictadura perfecta” del PRI), donde se cultiva el autoritarismo, pero bajo apariencias institucionales de democracia representativa; se realizan elecciones multipartidarias, aunque se violen los principios democráticos de forma sistemática (recordemos las pasadas elecciones en Nicaragua).
De acuerdo con el autor, el principio de incertidumbre en los regímenes autoritarios se da de dos formas: una, se adolece de incertidumbres institucionales; y dos, prevalece la incertidumbre informativa; esto es, su permanencia en el poder es incierta, aunque esto sea un principio mismo de la democracia. El autoritarismo electoral tiene características propias que apenas se están desarrollando y de ahí la ausencia de estudios generalizados.
En efecto, antes unos países eran considerados como “laboratorios de la democracia”, ahora se corre el riesgo que se conviertan en “laboratorios de autoritarismo” (Levitsky y Ziblatt) dado que “quienes ostentan el poder reescriben las reglas electorales” e intentan el debilitamiento de las instituciones “de la democracia, incluidos los tribunales” y se “vende” la idea que, para mejorar la democracia, se deben “sanear” los procesos electorales.
En la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hay al menos dos ideas que pudieran inscribirse en esta lógica descrita tanto por Schedler como Levitsky y Ziblatt: lo relacionado con la disminución (o incluso desaparición) de los diputados de representación proporcional (RP) y la de selección de los consejeros electorales.
La lenta democratización del país (“La democracia no se construyó en un día”) se ha logrado gracias a la profesionalización del servicio electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). La selección de los mejores perfiles para ocupar cargos en todos los niveles es producto de una serie de medidas para asegurarse probada capacidad, conocimiento y experiencia en la materia. Optar por la elección de los consejeros y los magistrados electorales a partir de una “elección popular” es asegurarse que lleguen los más populares o mediáticos, pero no necesariamente los más capaces (el ejercicio sería igual al de la revocación).
Reducir o eliminar los diputados de RP significará limitar la posibilidad de que la parte alícuota de quienes no votaron por los diputados de mayoría relativa no tengan representación en la cámara. Es un hecho que esta disposición introducida en el pasado hizo posible que la oposición pudiera hacerse del poder gubernamental.
Una reforma electoral deberá inscribirse en la democratización del país; no usarla para venganzas personales o atentar contra su autonomía: “La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla” (Levitsky y Ziblatt).
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