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Justicia inalcanzable

Ante la impotencia por la indolencia institucional, en ocasiones gritar es una de las formas que quedan para liberar las emociones y ser escuchadas. La semana pasada se viralizó un video en el cual, durante una manifestación, integrantes del colectivo de búsqueda Luz de Esperanza abordaron al gobernador de Jalisco para exigir que buscara a sus familiares desaparecidos. En respuesta, el funcionario expresó que, si las familias le seguían gritando, se retiraría, y posteriormente prometió realizar una mesa de trabajo para dar seguimiento a sus casos, a la cual finalmente no acudió.

Las mesas de trabajo en Jalisco se han instalado en respuesta a manifestaciones y situaciones coyunturales. Estos espacios no han adquirido suficiente formalidad y se han caracterizado por poca seriedad para dar seguimiento a los acuerdos, y para atender de fondo la problemática de desaparición de personas. Debido a la ausencia de respuestas y la deficiente actuación de las autoridades, a las víctimas les queda sustituir las funciones del Estado para lograr avances en la búsqueda e investigación, pero aun así la justicia parece ser inalcanzable.

También parece que los esfuerzos de las familias para impulsar los marcos normativos o crear las políticas públicas han quedado olvidados. Una muestra de ello es la falta de explicación confiable sobre la drástica reducción de la cifra de personas desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas la semana pasada, misma que pudo evitarse si existiera el compromiso institucional para implementar de manera efectiva el marco normativo en materia de desaparición y explicar plena y públicamente las razones que ocasionaron dicha situación.

Al no contar con las bases de datos en versión abierta y verificable, y no crear el Registro Estatal de Personas Desaparecidas a tiempo, las justificaciones de las autoridades sobre las localizaciones y posibles casos duplicados siguen generando desconfianza e incertidumbre a nivel social, considerando los antecedentes de la sistemática resistencia para compartir la información sobre la problemática.

Frente al cúmulo de omisiones y limitadas posibilidades de obtener respuestas queda explorar otras acciones para conseguirlas. La semana pasada el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, donde revela que los intentos de construir una versión oficial de los hechos resultó ser un montaje de los tres órdenes de gobierno con la intención de ocultar la información. Si bien los avances del GIEI han tenido alto impacto, los obstáculos estructurales han persistido. Aún con la trascendencia de este mecanismo y ante un caso tan emblemático, no se ha logrado evitar la simulación y obstrucción de la justicia.

Asimismo, la gravedad de la situación de desapariciones en México ha llevado a la visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en noviembre de 2021, realizando 48 reuniones con autoridades y 33 encuentros con familias, colectivos de búsqueda y organizaciones del país. A cuatro meses de su visita, después del periodo de sesiones, el 12 de abril llevará a cabo una conferencia de prensa para presentar un informe sobre los hallazgos y con recomendaciones dirigidas al Estado.

Si bien existe esperanza de que éstas pudieran abonar a atender la problemática, históricamente las recomendaciones de los organismos internacionales no se han cumplido cabalmente, y las violaciones de los derechos que deberían haberse erradicado en el pasado han regresado con más fuerza y sistematicidad. Cuando el Estado desaparece a personas y encubre información, la búsqueda de otros mecanismos, incluso internacionales, no tiene impacto si las autoridades deciden no asumir la responsabilidad y cumplir con su obligación de esclarecer los hechos.

Tras el informe del GIEI, en la rueda de prensa, Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel, preguntó: “¿Si nos ocultaron esto, qué más pueden ocultar? El que miente una vez, miente dos veces o tres veces. Y el gobierno solamente utiliza el poder para sí mismo y no dar justicia al pueblo”. Ante las deficiencias institucionales y verdades históricas distorsionadas, las respuestas no llegan y los gritos de víctimas adquieren más fuerza.

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