El peor Poder Judicial

Una de las piezas clave en el rompecabezas de la violencia en nuestro país es el Poder Judicial. De eso no hay duda. Las dificultades para tener acceso a la justicia tienen como contraparte la gran impunidad, esa que da plena libertad de actuación a los delincuentes. 

Pero en el Poder Judicial no sólo se determina que quien comete un delito pueda eludir una sanción. Ahí también se decide sobre el patrimonio de muchas familias, el futuro de los hijos en una separación, los negocios de muchas empresas, entre otros temas. 

En El Diario NTR Guadalajara hemos publicado algunos trabajos tratando de entender lo que sucede al interior del Poder Judicial, ante las denuncias de un control absoluto desde Casa Jalisco. 

Quienes forman parte del círculo de la justicia, es decir, trabajadores del Poder Judicial, diputados relacionados con las decisiones que afectan esta agenda, jueces, magistrados y abogados, identifican a una serie de actores que “operan” para controlar, como nunca había sucedido, aseguran, las decisiones de impartidores de justicia. 

Esos personajes identificados como los operadores, según diferentes personas con las que pudimos dialogar, son el ex secretario del Ayuntamiento de Zapopan Rafael Martínez; el ex funcionario de la Judicatura Carlos Arias; el abogado del gobierno del estado, David Bernal Hernández y, desde dentro del Poder Judicial, el consejero de la Judicatura Iván Novia. Todo esto, con el aval y protección del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, por ende, de la Judicatura, Daniel Espinosa Licón. 

El control de los jueces por fuerzas políticas no es una novedad. En los últimos años del PRI-gobierno, el control sobre lo que sucedía en el Poder Judicial lo tenían el ex presidente del mismo y ex alcalde de Zapopan, Jorge Humberto Chavira Martínez, y el ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri. Incluso, el poder de este último todavía duró más allá de su gestión a través de su hijo Salvador Cosío. 

El esquema que usaban era el control de los jueces a través de los magistrados, quienes a su vez respondían a esos dos personajes priistas. 

Con la llegada del PAN, Raúl Octavio Espinosa intentó romper con ese esquema, pero para asumir él el control, topándose con resistencia de los magistrados, por lo que finalmente los cambios se decidieron vía la reforma constitucional de 1997 que trajo, entre otros temas, la creación del Consejo de la Judicatura. 

El sexenio del panista Alberto Cárdenas transcurrió con la implementación de los cambios y ya con Francisco Ramírez Acuña, éste delegó la responsabilidad en Eduardo Rosales y José María Martínez; el objetivo de estos dos fue colocar jueces y magistrados, pero sin intervenir plenamente en sus decisiones. 

Este control se sostuvo hasta el primer año del gobierno de Emilio González Márquez, y concluyó más bien por diferencias partidistas, por lo que el gobernador se alió con el entonces presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez, y así recuperaron el control. Además, se estableció el principio de “cuotas y cuates” para un reparto burdo de espacios en el Poder Judicial entre los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado. 

Ese mismo esquema se mantuvo con Aristóteles Sandoval, a través de los presidentes del Poder Judicial Luis Carlos Vega y Ricardo Suro, pero ya con una mayor intervención del ex secretario de Gobierno, Roberto López Lara. 

Hasta esos gobiernos, la intervención se limitaba en ver al Poder Judicial como una agencia de colocación. La diferencia con el actual, aseguran todas las voces, es que el control va más allá, pues también se ejerce en las decisiones de los jueces, a quienes presionan desde la Judicatura. 

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