Quinto Patio

Treinta años y no hay una verdad sobre qué pasó y las consecuencias reales que tuvieron las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara. Ya no hablemos de justicia. Nadie cree en la cifra de 212 muertos y todas las víctimas quieren saber qué sucedió, la mayoría ya son adultos mayores o muy mayores. Pero el estado no les quiere garantizar ese derecho.

El gobierno emitió un comunicado ayer queriendo decir que no esté nadie dando lata, porque sí están atendiendo a las víctimas. Hizo referencia a un fideicomiso, pero este atiende solo a 57 personas que sobrevivieron... apenas 57 de entre miles y, aun así, las quejas son muchas de que no cumplen lo conveniado. Pero para el gobierno, eso es cumplir, es más, hasta hicieron el favor de enviar una carta a AMLO para pedirle que Pemex se responsabilice públicamente. Considerando el parecido entre AMLO y Alfaro, ¿en verdad creyeron que iban a admitir alguna responsabilidad?

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El día anterior a que se cumplieran 30 años de las terribles explosiones del 22 de abril es un momento excelente para levantar la voz y pedir justicia. Así, la CEDHJ les dijo a las autoridades que no se hagan, que tienen muchos pendientes y que los tiene en la mira para exigir la reparación del daño a las víctimas.

La defensoría emitió un posicionamiento para empezar a darle vuelo al tema que este viernes cobra especial relevancia porque las personas que sobrevivieron a la tragedia siguen padeciendo sus secuelas y parece que cada vez las tienen más olvidadas. Que no se les olvide al Ejecutivo y al Legislativo especialmente, manda decir la defensoría, que están obligados a reparar el daño y garantizar el acceso a la verdad.

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En el Ayuntamiento de Tonalá son medio chistosos para cumplir con las obligaciones de transparencia. Resulta que tanto en su página web como en la información que suben a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) hacen como que cumplen, pero no cumplen.

Un ejemplo de esto son los contratos a los que están obligados según las disposiciones legales sobre información fundamental, es decir, la que tiene que publicarse sin necesidad de que el ciudadano la solicite. Si usted entra a ese apartado, encontrará un documento PDF. El problema es que cuando lo abra se dará cuenta que no es el contrato, sino un oficio en el que piden a la dependencia responsable que les envíe ese contrato para publicarlo.

En la PNT también publican algunos datos del contrato y, donde debería ir el contrato, incluyen una liga. El problema es que esa liga remite a su página donde está el oficio y no el contrato. En ese supuesto está el contrato de arrendamiento de patrullas, documento que no está publicado y en su lugar hay solo un archivo de Excel. Se dice que no lo han hecho porque todavía no se los pide el presidente municipal… algo que está obligado a hacer la dependencia sin pedir ningún permiso.

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Si usted, ciudadano común y corriente cree que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es muy lenta o, prácticamente nula, no anda tan errado, pues no hace caso ni a las denuncias que se presentan en el mismo gobierno del estado. Ayer, el director del Ipejal, Héctor Pizano Ramos, levantó la voz porque las denuncias que presentó junto con la contralora Teresa Brito por las irregularidades en millonarias inversiones, parecen haberse quedado guardadas en algún cajón. Ninguna de esas denuncias ha sido judicializada y tampoco hay información que se haya citado a los presuntos responsables. Así que, si no hacen caso a los mismos funcionarios del mismo gobierno, qué pueden esperar los ciudadanos.

Eso sí, cuando es un tema que mediáticamente le interesa al gobernador, el fiscal tiene más que listas las órdenes de aprehensión o lo que sea necesario para dar la nota. ¡Plop!

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