22 de abril, la justicia omisa

El pasado viernes 22 de abril se cumplieron tres décadas del peor desastre urbano que haya sucedido en esta ciudad, producto de la negligencia criminal de las autoridades de Jalisco y de Guadalajara. 

El 22 de abril de 1992 era un miércoles de Pascua y días antes los vecinos de los barrios de Analco, de Las Conchas, de La Luz, de la calle 20 de Noviembre, de la colonia Atlas, entre otros, habían denunciado los fuertes olores a gasolina que a todas horas del día se colaban en sus hogares. Cuando por fin acudieron los técnicos de Pemex, de protección civil y los bomberos, en cada alcantarilla que levantaban para tomar una muestra los explosímetros marcaron 100 por ciento de explosividad. 

Ante tal evidencia del riesgo, con la negligencia que los caracterizaba, el entonces gobernador Guillermo Cosío Vidaurri y el presidente municipal Enrique Dau Flores decidieron no hacer nada. Luego vino el desastre, la muerte, la destrucción, y frente a ello, el cinismo y la negación de toda responsabilidad, tanto de las autoridades supuestamente responsables de la seguridad de las personas como los funcionarios de Pemex. Nadie asumió la responsabilidad. 

Desde entonces y hasta la fecha también en este caso la justicia sigue siendo omisa. Las autoridades de antes y de ahora, además, se han negado sistemáticamente a atender debidamente las demandas y necesidades de los damnificados y de los lesionados, quienes sin culpa alguna vieron transformadas para siempre sus vidas además de tener que experimentar el trauma de perder, en minutos, a muchos familiares y vecinos; de ver destruidas sus viviendas y barrios donde habitaban. 

Aquel miércoles trágico murieron muchas más personas de las reconocidas oficialmente. Durante las tres décadas transcurridas, además, varios de los sobrevivientes que quedaron lesionados perdieron la vida sin haber sido atendidos dignamente. 

Además de la negligencia criminal de los gobernantes también hubo oportunismo, cinismo y desprecio. De la manera más absurda y cínica no faltaron voces que dijeron algo así como “no hagan tanto escándalo si sólo se destruyó una partecita de la ciudad”. Otros, creyéndose inteligentes, se atrevieron a decir: “¿Y si aprovechamos la zanja que dejaron las explosiones para construir una línea del Tren Ligero…?”. De ese tamaño fue y sigue siendo el desprecio de los gobernantes por la vida de los otros a quienes dicen cuidar y representar. 

Después de Cosío Vidaurri vinieron los gobernadores Carlos Rivera Aceves (PRI), Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña, Gerardo Octavio Solís Gómez y Emilio González Márquez (PAN); Aristóteles Sandoval Díaz (PRI) y Enrique Alfaro Ramírez (MC). Todos, sin excepción, prometieron atender las demandas de los damnificados y lesionados. Ninguno cumplió su palabra. 

Treinta años después siguen sin responderse algunas interrogantes planteadas desde entonces. 

¿Cómo es que en minutos pueden morir un número indeterminado de personas y otras muchas quedar lesionadas para el resto de su vida y nadie ser responsable? ¿Cómo es que se filtraron millones de litros de gasolina al drenaje profundo de la ciudad y los sistemas de medición y control de Pemex no detectaron tal faltante? ¿Cómo entender que a pesar de que los explosímetros marcaban 100 por ciento de riesgo de explosividad ninguna autoridad tomó la decisión de desalojar a los habitantes del lugar? ¿Cómo explicar qué ninguna autoridad haya hecho caso a las denuncias sobre los fuertes olores a gasolina que días antes del 22 de abril de 1992 hicieron los habitantes? 

Este crimen no debemos olvidarlo ni perdonarlo mientras no haya justicia y verdad. 

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