Oportunidad ante el rezago 

El número de personas desaparecidas en México se acerca a 100 mil y su incremento tiene una relación estrecha con la profunda crisis forense. Las omisiones e incapacidad institucional para dar respuestas a la acumulación de los cuerpos han ocasionado que más de 52 mil personas fallecidas permanezcan sin identificar en fosas comunes, instalaciones forenses, universidades y centros de resguardo. Se estima que en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los cuerpos y restos humanos que pudieran todavía estar en fosas clandestinas, lo que significa que miles de familiares de personas desaparecidas podrían no alcanzar la restitución de sus seres queridos. 

Aún con el reconocimiento de este grave rezago de los servicios forenses en el país, hasta la fecha no se ha logrado crear una política nacional de identificación humana relacionada directamente con la desaparición de personas. Con el fin de revertir las inercias y avanzar en la garantía del derecho de cada persona a ser buscada e identificada, la semana pasada se dio un paso relevante con la aprobación de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición que crea el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). 

El CNIH será una unidad administrativa adscrita a la Comisión Nacional de Búsqueda, con autonomía técnica y científica que pretende atender la crisis forense y sobre todo enfocarse en brindar una respuesta efectiva y garantizar un trato digno a la gran cantidad de cuerpos rezagados que no han sido identificados. Esta reforma otorga a la comisión atribuciones de búsqueda en materia forense con fines de identificación humana, desde solicitudes de información a otras instituciones competentes, recuperación, resguardo y procesamiento de los cuerpos o tomar muestras de ADN aun cuando no se haya presentado una denuncia. 

El CNIH coordinará y ejecutará las estrategias de búsqueda con un enfoque multidisciplinario y masivo bajo el cual se buscará analizar toda la información forense disponible de la mayor cantidad de personas fallecidas sin identificar comparándolas con la información de familiares de personas desaparecidas, contrario a la identificación tradicional donde se contrastan los datos caso por caso, con una perspectiva más enfocada en resolver la investigación penal.  

Aunque construye fundamentos para la política de identificación humana relacionada con las desapariciones y representa una oportunidad importante para combatir la crisis forense, cabe señalar que durante la creación de la iniciativa y el proceso legislativo no se realizaron espacios exhaustivos de diálogo y escucha para fortalecer el diseño del CNIH, y tampoco se contó con sesiones de Parlamento Abierto, limitando la participación de familias y vulnerando el marco normativo de desaparición. 

Sin escuchar sus necesidades, el centro no logrará cumplir con el objetivo de materializar sus exigencias y derechos, por lo que resulta vital garantizar su participación en el proceso de su implementación y reglamentación. 

Asimismo, para su adecuada operación se requerirán recursos suficientes, además de una revisión y homologación de la información forense disponible para poder realizar los cruces entre las bases de datos. Sin la consolidación de los registros forenses que están pendientes, los esfuerzos quedarán aislados, la información seguirá fragmentada y no se conocerá la verdadera dimensión de la problemática. Además, resulta esencial que todas las instituciones del país generen esfuerzos de coordinación y que se revierta la resistencia a compartir información relevante para la búsqueda, garantizando que este avance no se convierta en un escenario donde se replique la poca voluntad de las fiscalías y que esto obstaculice la labor del CNIH.  

Si bien la búsqueda en vida siempre debe ser prioridad, la reforma reconoce que la identificación humana constituye un tipo de búsqueda necesario ante el contexto crítico. Ahora depende de las autoridades si esta será una política pública más que quedará incumplida o si será una herramienta sólida y participativa que brindará certeza, confianza y ayudará a nombrar y regresar a casa a miles de personas fallecidas en el país. 

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