Quinto Patio

Uno de los cocos del Área Metropolitana de Guadalajara es qué hacer con las más de mil toneladas de basura que diario generan los habitantes, las empresas, las instituciones y los negocios. El problema tiene diversas aristas, no solamente las ambientales. Hay elementos políticos, jurídicos y económicos, entre otros. Y, hablando de los económicos, la que siempre cae parada gracias a los buenos tratos que le dan los alcaldes tapatíos es Caabsa Eagle. Desde que se le concesionó la basura le va bien, muuuuy bien, lo que no significa que igual ocurra con la población o con el patrimonio tapatío en sus manos.

Ahora que estalló con más fuerza el problema de los pepenadores desplazados del basurero de Matatlán, que llegó incluso al enfrentamiento con policías antimotines a las puertas de palacio de gobierno, los alcaldes metropolitanos anduvieron echándole sesos al asunto y ya acordaron invertir 200 mdp para ampliar el vertedero Picachos, ubicado en Zapopan. Ya se le daba por cerrado desde hace rato, pero ahora se pretende ampliarlo con cuatro celdas. La solución es provisional, no definitiva. Hasta que la basura nos alcance de nuevo.

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Para el saliente presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, es el colmo que el gobierno estatal no saque 50 millones de pesos para abrir el centro de identificación humana. Pero hizo uso de toda la serenidad que pudo y planteó a grandes rasgos la preocupante situación en materia de desapariciones y de la crisis forense que aqueja a Jalisco. No por nada aseguró que el fenómeno de las desapariciones es la mayor tragedia local.

Pensando en ello, la defensoría se ha dedicado a acompañar a las víctimas de todas las maneras posibles, por ejemplo, con el módulo permanente que puso afuera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a donde no sólo llegan víctimas de desaparición, sino de distintos delitos. Y aunque la CEDHJ ha emitido una serie de recomendaciones, admitió que no hay un mecanismo para que comparezcan los responsables y se cumplan. La comisión puede, perdón por la metáfora, ladrar fuerte, pero sin dientes no alcanza a morder. Y así, pos cómo.

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Nuevamente, para el gobernador Enrique Alfaro, la prensa es el enemigo. La prensa porque publica la inseguridad que a diario se padece en el mundo real, pero que en alfarolandia no existe; ahí todo es color de rosa y nadie tiene miedo de salir a la calle.

Según él, los medios infunden miedo a la gente y hacen apología de la violencia por informar cuando hay enfrentamientos armados que son casi diario, cuando hay fosas y desaparecidos. Porque el señor editor Enrique Alfaro considera que eso no debe publicarse. Piensa que, si no se dice, no existe. Y mucho mérito tienen los compañeros periodistas de la fuente, porque la Fiscalía y las dependencias de seguridad quieren tener la información bajo llave; aun así, dan con ella para informar a la población.

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Son 18 las mujeres que aspiran a ser la próxima comisionada presidente del Instituto de Transparencia (Itei, versión corta). En realidad, serán dos cargos: propietaria y suplente. Y la primeritita que se registró fue Natalia Mendoza Servín, actual comisionada del instituto y ex suplente de Cynthia Cantero.

A la que elijan los diputados tendrá chamba por cinco años, a partir del 1 de julio de este año. Luego del proceso de designación, que ha sido cuestionado con anterioridad, los legisladores tienen como fecha límite para decidir hasta el 23 de junio. El instituto es visto por actores políticos como un espacio de poder en disputa. Que sea transparente, con un perfil adecuado y sin reparto de cuotas ni cuates es lo que se esperaría. Mínimo.

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