Fallida, política de seguridad de Enrique Alfaro

El plagio de activistas indígenas, los recientes enfrentamientos y quemas de vehículos en municipios limítrofes con Michoacán y Zacatecas, así como los permanentes homicidios en el Área Metropolitana de Guadalajara son prueba de que la política de seguridad del gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha fallado, afirmó Rubén Ortega Montes, académico e integrante del observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Agregó que el gobernador se conforma con dar seguimiento a ocho delitos menores que él mismo elige, de los cuales presume su descenso, pero se olvida de todo el código penal y de las leyes especiales, que lo rebasan por todos lados, pues no hay detenidos ni investigación y tampoco condenas.

En entrevista para InformativoNTR, comentó que esta percepción de inseguridad fue confirmada recientemente por la organización internacional World Justice Project que ubicó a Jalisco como la entidad 25, a nivel nacional, en procuración de justicia por el deficiente Estado de derecho que prevalece.

“Ha sido una política de seguridad fallida por parte del gobierno del gobierno estatal, es un gobierno que nos ha mentido, que ha sido inoperante y que toda la información que nos viene pasando día con día, aunque diga que todo está bien, y todo está bien el gobernador, la realidad lo rebasa, la realidad pone las cosas tal como están. En distintos puntos del estado, en las regiones, en la propia zona metropolitana hay 'levantados' del parque, aparecen cadáveres. Realmente la falta de una política de seguridad, una política criminal como suele llamarse, ha llevado a que desborde la delincuencia organizada, y delincuencia de todo tipo.”

Ortega Montes señaló que es alarmante que Jalisco sea líder nacional en desapariciones, ya que con más de 15 mil casos debe llamar la atención de las autoridades para tomar con seriedad la problemática y contrarrestarla.

El académico no descartó que en este rubro haya una cifra negra, ya que la impunidad es un factor que persuade a la ciudadanía de acudir a las autoridades, incluso algunos casos que no llegan a trascender porque familiares así lo prefieren.

El integrante del observatorio sobre Seguridad y Justicia de la UdeG añadió que más allá de los hechos delictivos violentos, las autoridades son omisas o no investigan lo suficiente las complicidades del crimen organizado con empresarios y banqueros quienes “lavan el dinero” producto de los negocios ilícitos y este les permite operar como lo hacen.

jl