Silenciar las resistencias

Hace 18 años tuvo lugar uno de los hechos que marcó la historia de Jalisco. El 28 de mayo de 2004, mediante la represión de la protesta social, el gobierno del estado intentó frenar las resistencias de personas de diversas regiones del país y del mundo que se aglutinaron en la Cumbre Alternativa, que surgió como respuesta a la tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Lo que comenzó como un espacio de encuentro, eventos artísticos y construcción de modelos y maneras de organización distintos al sistema neoliberal culminó con el despliegue de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y seguridad pública, uso excesivo de la fuerza, represión y fabricación de procesos en contra de decenas de personas inocentes. De acuerdo al Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se registraron 73 retenciones ilegales, 55 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes; 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura.

Ante estos señalamientos, el Estado no solamente rechazó los hechos e hizo caso omiso a las recomendaciones del informe, sino que además reconoció públicamente y gratificó económicamente a policías que intervinieron en la represión. Desde entonces, estas atrocidades continúan impunes, y los derechos de las víctimas a la justicia y reparación integral han sido negados. Cabe señalar que al olvido del caso abonó también la falta de seguimiento de la CNDH que no realizó ninguna acción significativa para garantizar el esclarecimiento de los hechos, e incluso ni siquiera cuestionó la designación de Ramírez Acuña como secretario de Gobernación por el ex presidente Felipe Calderón en 2006.

La represión de la protesta ha sido la marca que ha caracterizado al gobierno de Jalisco. La brutalidad policial, la criminalización, desacreditación y el uso manipulado del derecho penal han sido respuestas a las voces legítimas de la población, quienes ejercen sus derechos a la libertad de expresión, protesta social y a defender los derechos humanos. Basta recordar las represiones de las manifestaciones ocurridas el 1 de diciembre de 2012, el 27 de julio de 2019 en contra del alza de tarifa del transporte público; el 4, 5 y 6 de junio de 2020, y el 9 de julio de 2021 cuando se criminalizó la protesta feminista.

Lo anterior hace evidente que al Estado no le ha interesado dialogar y atender los problemas sociales, si estos no se encuentran en su propia agenda de trabajo. Incluso actualmente, frente a múltiples problemáticas, el esquema de gobernanza que presume y constituye el lema de la actual administración no ha generado condiciones para promover cambios y una construcción de políticas públicas basada en apertura y escucha, y mucho menos cuando hay críticas e inconformidad.

A puertas cerradas se han tomado decisiones unilaterales que impactan a la sociedad y de manera seguida, con falsa transparencia y discurso triunfalista, se comparten públicamente grandes avances institucionales cuyos resultados no se perciben, y menos por parte de las víctimas. Como ejemplo, el martes pasado, el gobierno de Jalisco presentó su Plan de Reforzamiento de la Estrategia Estatal de Búsqueda 2022-2024 y al hablar de la importancia de atender a familiares de personas desaparecidas “de frente” y colocarlas en el centro, tanto se ignoró sus necesidades para el diseño de las acciones a realizar, como se les excluyó del evento. Escuchar sus voces es fundamental para la construcción de políticas públicas que pretendan atender su realidad, pero además las propias leyes de desaparición obligan a las autoridades a garantizar su participación.

La soberbia y ausencia de diálogo han llevado a la desatención de las demandas sociales y reproducción de patrones de graves violaciones a los derechos humanos, como si a 18 años, los hechos del 28 de mayo no tuvieran ningún significado ni memoria. Queda más que claro que si no se garantizan los derechos a la protesta social y libertad de expresión, y no se reconocen ni escuchan las voces críticas, no lograremos romper con este círculo vicioso de represión.

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