Cambios sin respuestas

Las comisiones de búsqueda históricamente han sido creadas para responder a la crisis de la desaparición de personas y abonar al derecho a la verdad sobre hechos ocurridos en el pasado. En el caso de México las comisiones de búsqueda tienen un doble desafío, tanto buscar a las más de 100 mil personas desaparecidas cómo frenar las desapariciones que siguen ocurriendo. Ante las omisiones, burocracia e inercia arraigadas tradicionalmente en las fiscalías, la tarea de las comisiones ha sido priorizar la búsqueda, partiendo del reconocimiento del derecho de cada persona a ser buscada.

En Jalisco la Comisión de Búsqueda fue creada en 2018. En los últimos años su estructura ha sido fortalecida, y los cambios en su lógica de operación han ayudado a acercarse más con familiares de personas desaparecidas, principales impulsoras de su creación. Aunque se materializaron diversos avances, continúan pendientes múltiples aspectos para su consolidación, tales como la aprobación de su Reglamento Interno, publicación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas o creación del Programa Estatal de Búsqueda.

El martes pasado el gobierno de Jalisco anunció que la titular de la Comisión de Búsqueda dejaría su cargo y presentó al nuevo encargado de despacho, quien tiene “el compromiso de mantener y reforzar las labores de búsqueda de la mano de familiares”. Lo anterior sin comunicar los motivos de dicho cambio, y sin que se expusieran los mecanismos públicos para evaluar el desempeño de la institución, a pesar de que la Ley de Personas Desaparecidas del Estado establece la obligación de construir indicadores de evaluación confiables y transparentes en materia de localización de personas. Tampoco se compartió si se llevaría a cabo un proceso de selección de una nueva persona titular, aunque existe la obligación legal de realizar una convocatoria pública abierta, transparente e inclusiva, por lo que es importante que el mecanismo de selección sea anunciado a la brevedad para brindar la legalidad y estabilidad a la institución y que se garantice el estándar logrado por las familias.

Cabe señalar que Jalisco ha destacado por su amplia experiencia en procesos de selección en instituciones que atienden la problemática de desaparición. Fue el primer estado que facilitó la participación de familiares y organizaciones civiles en la selección de la persona titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y del personal de su Dirección de Análisis y Contexto en 2017.

Este precedente a nivel nacional en materia de desaparición y participación conjunta se ha retomado en otros procesos de cambio de titulares de la Fiscalía Especial y Comisión de Búsqueda, donde las familias y organizaciones han sido actores clave desde el diseño de la convocatoria pública, evaluación y entrevistas con las personas postulantes.

El boletín oficial refrendó el compromiso del gobierno con las familias, en un contexto donde contradictoriamente se retiran fichas de búsqueda de los espacios públicos, con declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública calificando la pega de las fichas como propaganda y actividades que “no pueden estar en la vía pública”, y comentarios del gobernador afirmando que su retiro no son hechos graves.

En la vía pública diariamente desaparecen personas y esto tampoco parece grave para las autoridades. La persistencia en reducir las cifras en registros, minimizar la situación en la narrativa oficial y borrar cualquier evidencia pública que pudiera visibilizar las desapariciones no desvanecerá las heridas de miles de víctimas y de la sociedad que queda aterrorizada frente a la problemática. La lucha de las familias no es propaganda, sino constante suplencia de las funciones que las autoridades no han cumplido.

En el discurso siempre se está avanzando, pero en la práctica estos avances no llegan. Ante más de 15 mil personas desaparecidas en Jalisco, sin un compromiso real por crear las instituciones estables y capaces de responder a la emergencia humanitaria que vivimos, y sin humanidad y empatía con las víctimas, ni el cambio en la Comisión de Búsqueda, ni un boletín institucional más, brindarán las respuestas que urgen tanto.

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