El secuestro político de los organismos ciudadanos

El manoseo político en el nombramiento de los titulares de dos instituciones garantes de derechos ciudadanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itei) es una muy mala señal de que el rescate de estos organismos, concebidos como autónomos, pero que funcionan con una alta dependencia del poder, está muy lejos. 

La historia de los organismos ciudadanos está plagada de discursos políticos que aseguran interesarse en la construcción de ciudadanía y de respeto a los derechos. En el mismo sentido, se impulsan reformas y hasta de vez en cuando se amplían presupuestos. 

Así, se construye una narrativa que parece colocarnos a la vanguardia como estado, con instituciones bien estructuradas, que aparentan ser sólidas e independientes y, especialmente, que actúan con autonomía. 

El problema es la realidad, que comienza a construirse con el reparto de espacios desde el Congreso bajo el principio de “cuotas y cuates” y que genera vínculos entre los funcionarios nombrados para los diferentes cargos y los actores políticos que los impulsaron o que lograron que fueran elegidos. 

Esos vínculos se fortalecen con la dependencia presupuestal. Como sucede con todas las áreas de gobierno y con los otros poderes, los organismos autónomos deben aceptar el presupuesto que les asigna el Poder Ejecutivo, cuya propuesta es aprobada sin chistar por el Legislativo. En la mayoría de los casos, los recursos se asignan de manera inercial, sin importar las necesidades o deficiencias particulares de dichos organismos. Incluso, se aprueban reformas que amplían sus obligaciones o implican abrir nuevas áreas, sin que éstas se doten de presupuesto. 

Lo anterior permite al Ejecutivo tener el control presupuestal de los organismos, que ante necesidades extraordinarias deben estirar la mano hacia el gobernador, que puede condicionar dichos apoyos. 

Otro factor que ha jugado en contra de los organismos ciudadanos es la intervención de los actores políticos en la nómina. En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta práctica fue evidenciada en reiteradas ocasiones durante la anterior gestión del presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, pero también hay versiones de que, en menor medida, también sucede en la actual. 

Y lo vemos además en otras instituciones, como el mismo Itei o el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Los partidos políticos, todos y según la fuerza que tengan en determinado momento, se reparten los nombramientos y todavía después condicionan a quienes nombran para que coloquen ahí a sus cuates en las diferentes plazas. 

Los organismos ciudadanos se han convertido también en la nómina de refugio para los militantes de partidos políticos que pierden el poder y ante la llegada de los nuevos gobiernos, que hacen limpias en las dependencias. Sucedió, por ejemplo, antes que terminara la gestión de Jorge Aristóteles Sandoval, cuando algunos integrantes de su gabinete empezaron a solicitar espacios para no dejar sin trabajo a sus colaboradores. 

Con este esquema de funcionamiento resulta complicado que los organismos ciudadanos cumplan con sus tareas y que tengan como prioridad el respeto de los derechos de los jaliscienses. 

Así que lo que hemos visto en las últimas semanas en torno al nombramiento de la comisionada presidente del Itei y quien encabezará a la CEDHJ, son solo una grave repetición de los que ha sucedido en los últimos años con estas instituciones. Sin embargo, eso no implica que no se deba levantar la voz para exigir que al menos, en ese manoseo, se tengan mejores perfiles. 

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