Periodismo y libertad de expresión, temas pendientes

En esta semana se habrá presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto realizado por el ministro Alberto Pérez Dayán en el que se abordará el análisis sobre el decreto presentado por la administración del presidente Peña Nieto, en 2017, y que planteaba, un polémico asunto. En efecto, en aquel momento y ahora, constituye una enorme controversia el hecho de considerar los cambios que en se estipularon para la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derecho de las audiencias, propuestas entonces por el Congreso de la Unión.

En aquella ocasión, el proyecto del ejecutivo suscitó la reacción de muchos sectores sociales que consideraron que los beneficios de un sistema democrático en ejercicio de sus derechos de libertad de expresión se verían seriamente acotados. La intervención por parte del Estado en los temas de regular los contenidos de los programas informativos, tales como normar las emisiones estableciendo en qué momento se desarrolla un comentario y en cuál una información, marcaba una desmedida presencia del Estado en la generación de insumos de información, que se desarrolla desde una perspectiva en la que el Estado pretende marcar un rumbo y una orientación al participar, igualmente, en la conformación de códigos de ética para los medios.

El tema de los derechos de las audiencias no implica de manera forzosa la intervención gubernamental en la regulación. El debate, como lo propone el ministro Dayán, constituye un importante tema de discusión en el que el argumento central es el derecho a la información y el de expresión.

Tanto el derecho a la información como el de expresión tienen un crucial punto de análisis en uno de sus aspectos esenciales, las condiciones de seguridad y estabilidad de los comunicadores en nuestro país. La organización Article 19 ha documentado más de 150 asesinatos de periodistas desde el año 2000. México constituye, después de Afganistán, uno de los países en los que no se cuenta con un claro proyecto, no de protección, sino de establecimiento de condiciones estables para el ejercicio de sus funciones. Las autoridades, en todos sus niveles, están concernidas por la obligación de garantizar y asegurar que el derecho a la información sea efectivo y que éste constituya un insumo contemplado en la Constitución de nuestro país.

Un elevado número de asesinatos de periodistas en posible relación con su trabajo de informar de 15 personas, hasta este momento, interpela de manera profunda el quehacer de las instancias de gobierno encargadas de establecer las estrategias que aseguren el desarrollo del trabajo periodístico, así como la seguridad de los comunicadores, garantizando la información y que ésta tenga un alcance e impacto en las audiencias que, no solamente constituyen receptores de información, sino que en su carácter ciudadano, requieren los insumos informativos para su toma de decisiones.

La libertad de expresión requiere un serio y profundo trabajo que tiene como base el mantenimiento de la libertad, elemento esencial para una organización social democrática que asegure la participación de todos los ciudadanos en uso de los insumos informativos y en ejercicio de las facultades de acción que la Constitución otorga.

La violencia ejercida contra la actividad informativa proviene de instancias muy diversas y requiere estrategias que logren establecer verdaderas condiciones para la circulación de ideas y de información. Los ataques en contra del ejercicio periodístico nos colocan como país en una zona que muestra mucha vulnerabilidad para un ejercicio fundamental, como es el de informar. Sería importante que entre los mensajes que ofrezcan las diferentes instancias que tienen la obligación pública de rendir cuentas surja el del mantenimiento y proyección de las condiciones sociales y gubernamentales, para garantizar la libertad de información y de expresión.

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