Los militares

Al revisar los lemas de los diversos cuerpos del Ejército mexicano llaman la atención el de la S: “Siempre leales”, o el de los Paracaidistas: “Del cielo a la misión”; del Heroico Colegio Militar: “Por el honor de México”, de la Fuerza Aérea Mexicana: “Honor valor y lealtad”. Alguno es jocoso como el de Intendencia: “Si cierras los ojos, no sabe tan feo”.

La teoría militar señala que la profesión militar se debe centrar en la preparación para la guerra, sea esta defensiva u ofensiva, ya sea para defender el territorio, proteger los intereses nacionales y a la población, o participar en misiones internacionales para mantener la estabilidad del sistema global. Sin embargo, en países con bajo nivel de desarrollo socioeconómico, el Estado presenta malformaciones y lleva a los militares a ocuparse de múltiples misiones no militares.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México creó un nuevo escenario en las relaciones entre el gobierno y los militares mexicanos. Una relación que se esperaba no tersa, porque durante la campaña electoral fue crítico del desempeño militar y de la propia concepción que tiene de la “guerra contra el narcotráfico”.

En 2018, afirmó: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional. Declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército, y que la defensa de la nación, en el caso de que fuera necesaria, la haríamos todos”.

En México, después de 200 años de Independencia, el Estado sigue requiriendo de los militares para su sostenimiento en la seguridad pública en muchas regiones del país.

Los desafíos como el narcotráfico y la corrupción crearon un callejón sin salida para el Estado mexicano, miles son asesinados y siguen desapareciendo cada año en un espiral de violencia, donde la estrategia de seguridad actual no ha funcionado.

La molestia de las Fuerzas Armadas por las denuncias del subsecretario Alejandro Encinas, de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sigue presente, al no haber avances en las órdenes de aprehensión contra los 21 militares, expuestos por la Comisión de la Verdad.

Los especialistas en temas de seguridad afirman que los militares han sido factor determinante de la política y la vida pública de México, y muchos interpretan su actuar, como la existencia de un “Estado dentro del Estado”.

En el Senado se trabaja en una nueva redacción del artículo 35 de la Constitución, que amplíe la presencia del Ejército en seguridad hasta 2028, que incorpora mecanismos de evaluación y supervisión civil al Ejército, con la obligación de los militares de acudir ante el Congreso a comparecer y explicar las acciones realizadas en seguridad, a partir de evaluaciones semestrales y vinculatorias que realizarían las comisiones especializadas del Congreso de la Unión.

El informe que resulte de la evaluación tendría que ser atendido y acatado por los militares, que estarían obligados a corregir las fallas que se les señalen, y concentrar a las Fuerzas Armadas, solo en los estados que sea necesaria su presencia y en el resto de los estados seguir fortaleciendo la formación y consolidación de policías civiles municipales y estatales.

La situación es compaginar los acuerdos en el Senado, y el deseo de realizar la consulta popular, como un “ejercicio de democracia participativa” para preguntar: ¿Consideras que las Fuerzas Armadas del Ejército y la Marina deben mantenerse haciendo labores de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?

Al promover esa participación ciudadana, el presidente haría proselitismo en todos los estados, incluidos Coahuila y el Estado de México, donde habrá elecciones el próximo año, en una campaña permanente.

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