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El gobierno de Jalisco pagará el próximo año más de 410.4 millones de pesos (mdp) al ejido de Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, luego de haber invadido parte de sus tierras para realizar obras del Periférico.
Ante la imposibilidad de devolver los predios ocupados, el monto se estableció como cumplimiento sustituto tras una demanda del ejido.
Los recursos están previstos en el Presupuesto de Egresos 2023 que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez envió al Congreso del Estado, avalado la semana pasada. De él se envió una copia al juez federal que emitió la sentencia para acreditar la voluntad de cumplirla.
Además, en un oficio remitido por el área jurídica del Despacho del Gobernador se señala que en el presupuesto del próximo año “se incluye, entre otros, el monto de (sic) como obligación de pago derivada del juicio de amparo”. En otro documento se informó al juez federal que el 9 de septiembre “se remitieron los antecedentes del asunto a la Contraloría del Estado de Jalisco para efecto de que actuara conforme a derecho y atribuciones”.
En febrero de 2008, los ejidatarios presentaron la demanda contra el gobierno estatal. El acto reclamado fue la falta de instauración de procedimientos de expropiación.
Después de varios años de sentencias y recursos en varias instancias, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el asunto regresó al Segundo Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco, en el que se dictó la sentencia definitiva que condena al gobierno de Jalisco al pago.
Poco más de 12 años después, en octubre de 2020, se determinó que podía hacerse un pago sustituto al ejido ante la posibilidad de devolver las tierras invadidas y se resolvió que se le deben entregar 410 millones 460 mil 672.03 pesos.
El acto reclamado por el ejido fue “la orden de ejecución de ocupación y/o posesión respecto de diversas fracciones de terreno, identificadas por polígonos, para la construcción y ampliación del Anillo Periférico de la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
En la sentencia que dictó el tribunal colegiado, cuando el caso llegó a segunda instancia, se concluye la responsabilidad del gobernador, en ese momento el panista Emilio González Márquez, y el entonces secretario general de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, al ordenar la realización de las obras.
También se confirma “la privación indebida del derecho de propiedad, en perjuicio del ejido quejoso, toda vez que las fracciones de terreno en conflicto se encuentran dentro de la superficie dotada al ejido quejoso, sin que las autoridades hayan demostrado que expropiaron o adquirieron por algún medio legal la superficie sobre la cual opera el derecho de vía sobre la que realizaron la construcción y ampliación del referido Anillo Periférico”.
En la resolución se advierte además la imposibilidad de restituir las tierras al ejido, ya que eso “afectaría a la sociedad en mayor proporción que los beneficios que el quejoso pudiera obtener”, por lo que se determina que debe sustituirse el cumplimiento de la sentencia “mediante el pago correspondiente”.
Todo lo anterior puede confirmarse en el expediente publicado por la SCJN al revisar este caso. El máximo tribunal del país ratificó el 6 de marzo de 2018 la resolución del colegiado, incluida la sustitución del cumplimiento de la sentencia a través de un pago.
Según la información del Programa Anual de Inversión Pública que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez incluyó en el paquete económico 2023, en la partida 3944 de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) se incluyeron 410.4 millones de pesos bajo el concepto de “otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente (obligación de pago derivada del juicio de amparo 163/2008, promovido por el Ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan).
Dicho monto supera cualquier asignación a obras públicas para el próximo año. Los proyectos con más recursos asignados son el Hospital Regional de Cancerología, con 403.4 mdp, y el Hospital Civil de Oriente, con 362.6 mdp.
Más que obras
jl/I