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Instituciones acéfalas
Provocación
Luego de que su contrato no fuera renovado el 31 de octubre, Miriam Tello Bañuelos dejó de trabajar en el Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ); sin embargo, ahora la institución debe justificar por qué determinó la salida de la ex trabajadora.
En rueda de prensa, la mujer dio a conocer que obtuvo una suspensión provisional luego de un amparo interpuesto tras su salida, incluida entre las 98 no renovaciones de contrato en el CJJ determinadas en mayo y octubre de 2022.
Tello Bañuelos detalló que la justificación a su salida debe contemplar su nombramiento, desempeño, idoneidad y la carencia de sanciones administrativas. El pleno del CJJ tiene hasta hoy a las 9 horas para dar una explicación al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, instancia que otorgó la suspensión a la ex empleada.
La abogada, quien se desempeñaba como relatora en la Judicatura, acotó que la resolución no implica su reinstalación, pero sí pide a la Judicatura que funde y motive su decisión.
“La narrativa de la quejosa evidencia que en el caso de (las) actuaciones (se) puede llegar a concluir que sí se está ejerciendo violencia en contra de la quejosa, pero de carácter institucional y contra el grupo al que ésta pertenece”, señala parte de la resolución.
A la par de presentar el documento, Miriam Tello pidió que paren los actos de intimidación y violencia institucional por supuestamente pertenecer al grupo político de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Los 98 despidos en el CJJ se han atribuido a que los ex empleados laboraban con José de Jesús Becerra Ramírez, consejero de la Judicatura cercano a la casa de estudios.
En caso de que el consejo mantenga la no renovación de contrato, la ex trabajadora señaló que estaría violando la suspensión provisional, pues consideró que no tendría elementos para seguir con la decisión. Recordó que en seis ocasiones anteriores la institución la había ratificado en el cargo y que incluso se encuentra en una lista de aspirantes en espera de una vacante de juez.
Tras salir de la Judicatura, otros 25 ex trabajadores interpusieron amparos, aunque no han obtenido una suspensión. Los ex empleados llevan 21 días de protesta por la determinación del CJJ y como parte de sus acciones han instalado campamentos en el Centro Histórico antes varias autoridades, pero a la fecha no tienen respuesta a la pregunta de por qué no se les renovó su contrato.
Evidencia denuncia
El consejero de la Judicatura José de Jesús Becerra Ramírez denunció que sus compañeros decidieron iniciarle un proceso de investigación administrativa y una denuncia en su contra por supuestas irregularidades y abuso de autoridad en el proceso de entrega-recepción que tuvo. La acción la interpretó como una medida de hostigamiento y presión por haber señalado el despido ilegal de su personal.
EH-jl/I