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Crucificándose
Empiezan las campañas
Nunca hay dinero que alcance. Las autoridades tienen recursos limitados para atender una cantidad casi ilimitada de problemas. Por eso es necesario destinar lo más posible a lo más importante y que ese recurso se gaste de forma correcta. Lamentablemente no es lo que ocurre con el problema social y de seguridad más grave en Jalisco: la desaparición de personas, donde cada año se desperdician millones de pesos.
El último año, la cifra oficial de personas que fueron desaparecidas y no han sido localizadas ronda los 15 mil en Jalisco, la entidad con más registros del país.
El problema es tan complejo y amplio que distintas instituciones del gobierno de Jalisco tienen programas para atender alguna arista, desde las que se dedican a la persecución del delito, como la Fiscalía, hasta la Secretaría de Educación, que planea destinar 300 mil pesos el próximo año para dar talleres de capacitación en escuelas para prevenir la desaparición de personas.
Entre todas las necesidades y acciones una muy importante es la atención y apoyo a las víctimas indirectas, las familias de las personas ausentes.
Desde 2014 se encarga del tema la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), un organismo que depende de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y que, aunque principalmente da asesoría jurídica y apoyos a familiares de personas desaparecidas, también debe atender a víctimas de cualquier delito.
Según estimaciones del Inegi, durante 2021 ocurrieron casi 2 millones de delitos en Jalisco, ya incluyendo el cálculo de la cifra oculta, es decir, 93 por ciento de los delitos que no son denunciados formalmente.
Ante una cantidad tan grande de víctimas está claro que los recursos que se destinen serán insuficientes y tendría que garantizarse un uso eficiente y adecuado. No ocurre.
Del poco dinero que se etiqueta para el problema cada año se deben regresar millones de pesos por subejercicios debido a temas burocráticos del cierre y apertura de las cuentas públicas.
Por ejemplo, en 2021 la SGG tuvo que regresar casi 22 millones de pesos que ya tenía etiquetados y listos para dar apoyos a víctimas a través de la Comisión de Búsqueda de Personas y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Fue dinero que se desperdició por subejercicio.
Además, por la burocracia que significa manejar el recurso mediante partidas presupuestales, la cuenta se cerró en la CEEAV y el dinero dejó de fluir para apoyos en noviembre, reactivándose hasta marzo del año siguiente.
¿Cómo impacta en la vida real y cotidiana de las víctimas? Un ejemplo son las acciones de búsqueda de las familias. La semana pasada, el colectivo Luz de Esperanza visitó Puerto Vallarta para difundir el problema de la desaparición de personas, dar a conocer sus casos y visitar espacios forenses, reclusorios o anexos donde podrían encontrar personas con información sobre el paradero de sus seres queridos, aunque lo hizo con un reducido apoyo estatal.
A las dificultades y resistencias de las instituciones para permitir que las familias difundan y busquen, debe sumarse la mínima cantidad de recursos que reciben de apoyo de la CEEAV. Los apoyos que no reciban deberán ser reembolsados, pero, en el mejor caso, hasta el próximo año.
La solución a este absurdo esquema financiero la tiene en sus manos el Congreso de Jalisco. Si se reinician los trabajos para expedir una nueva Ley Estatal de Atención a Víctimas, se puede reformar el entramado legal para que el fondo de apoyos se maneje en un fideicomiso multianual y se garantice que cada peso etiquetado se usará en apoyos y no se regresará por subejercicios, además de que permanecerá activo todo el año, sin interrupciones.
Ojalá la diputada priísta Hortensia Noroña, presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos, impulse cuanto antes la iniciativa que permanece detenida desde 2019 y así que no vuelva a pasar otro año con desperdicio de recursos para un tema tan sensible.
Twitter: @jcrtoral
jl/I