El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, calificó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, como un hecho previsible y resultado de la omisión del gobierno estatal y federal ante los llamados de auxilio del edil.
Rubén Moreira destacó que Uruapan es una de las ciudades más importantes de Michoacán, con un papel estratégico en la exportación agroindustrial del país, y consideró que su alcalde fue víctima de la falta de protección y respuesta institucional. A su juicio, el crimen y la movilización ciudadana posterior reflejan el hartazgo frente a la violencia.
Recordó que se trata del séptimo homicidio reciente de un alcalde en Michoacán, y lo enmarcó en el contexto de violencia que también afecta a otros estados como entidades como Guerrero.
Sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado recientemente por el gobierno federal, el legislador priista aseguró que se trata de un programa improvisado y sin sustento presupuestal, elaborado a partir de acciones dispersas y proyectos ya existentes. Explicó que el plan contempla 54 mil millones de pesos, pero buena parte de esos recursos ya estaban comprometidos en programas sociales y obras previas.
El diputado cuestionó que, en el Presupuesto de Egresos aprobado la semana pasada, Michoacán sufrió recortes significativos: el gasto en infraestructura carretera pasó de más de 2 mil millones a menos de 100 millones de pesos, y rubros como cultura, fondos metropolitanos y apoyo minero fueron eliminados por completo.
Rubén Moreira sostuvo que el plan de seguridad se limita a incrementar la presencia militar, pero no atiende los problemas estructurales de la región, como la falta de control en las aduanas de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, por donde continúa el tráfico de drogas y mercancías ilegales.
El legislador advirtió que el paquete económico del gobierno federal se sostiene sobre cuatro pilares: deuda, aumento de impuestos, persecución a contribuyentes y recortes, y que el elevado endeudamiento y las obras prioritarias, como el Tren Maya, redujeron la capacidad de maniobra del Estado.
El diputado priista consideró que la propuesta de adelantar la revocación de mandato presidencial de 2028 a 2025 busca beneficiar electoralmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y movilizar a la estructura de Morena durante las elecciones intermedias.
Planteó tres hipótesis sobre esta iniciativa: la primera, que funcione como una distracción ante la crisis de violencia; la segunda, que permita a la presidenta y su partido mantener presencia nacional bajo un esquema de promoción legal; y la tercera, que sirva para blindar políticamente al Ejecutivo antes de un eventual desgaste futuro.
Finalmente, calificó como un despropósito la idea de empatar la revocación con las elecciones judiciales y legislativas de 2027, pues implicaría organizar simultáneamente comicios federales, locales y del Poder Judicial, lo que generaría un proceso excesivamente complejo y riesgoso para la gobernabilidad electoral del país.
GR
