El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, “no cuenta con acciones para desmontar los dominios criminales” ni con un andamiaje sólido a nivel local para garantizar una reducción sostenida de la violencia, advirtió la organización México Evalúa.
En su análisis Estados más violentos sin mejoría pese a estrategias de seguridad, el centro de estudios señala que la estrategia federal, presentada el 9 de noviembre y que contempla más de 100 acciones, una inversión superior a 57 mil millones de pesos y 12 ejes estratégicos, omite componentes esenciales para fortalecer a los municipios.
“[El plan] no considera el empoderamiento de las policías municipales”, alerta el reporte, que subraya la ausencia de mejoras sustantivas a las condiciones laborales de los cuerpos locales de seguridad y la falta de mecanismos que refuercen la sostenibilidad institucional en las comunidades más afectadas.
Según la organización dirigida por Mariana Campos, estas omisiones generan “un riesgo real” de que cualquier progreso inicial se revierta. Incluso advierte que las organizaciones criminales podrían fragmentarse ante el combate frontal de la Federación, lo que “llevaría al estado de un balance negativo a uno muy negativo”, si no se acompaña de acciones locales robustas, prevención del desplazamiento criminal y una articulación territorial consistente.
México Evalúa también cuestiona que la estrategia equipare la instalación de casas de gestión de la presidenta Sheinbaum con el papel de las policías municipales como elementos disuasivos de la violencia, pese a que “no hay claridad sobre las funciones que realizarán dichas casas ni cómo se insertarán en el ecosistema institucional de la seguridad pública”.
Aun así, el informe reconoce como un punto fuerte que la estrategia federal admita la dimensión del problema en Michoacán, caracterizado por violencia, inseguridad, interrupción de actividades productivas y vulnerabilidad de las autoridades, y que abandone una visión homogénea para enfocarse en factores regionales. También destaca el compromiso de desarrollar capacidades institucionales e inteligencia mediante mesas de seguridad quincenales, un sistema de alerta y el fortalecimiento de la denuncia anónima.
No obstante, concluye que la estrategia de seguridad del gobierno federal “está estancada”, pues si bien muestra “avances marginales”, estos no se han traducido en una “reducción sostenida” de los índices de violencia.
GR
