La diputada federal del PAN, Noemí Luna, expresó su profunda preocupación por la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, proceso que calificó como “otro ejemplo del desaseo con el que Morena legisla”. Señaló que nuevamente se incumplió con la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas, requisito constitucional cuando una reforma impacta directamente en sus territorios. Afirmó que también fue falso que se consultara a campesinos, ganaderos y agricultores, pues el dictamen se presentó “por la puerta de atrás”: la Jucopo había convocado para discutir un dictamen de salud, pero de última hora lo sustituyó por el tema hídrico.
Luna aseguró que la mayoría parlamentaria evita enfrentarse a la ciudadanía al apresurar la aprobación de una ley que, dijo, centraliza el control del agua en perjuicio del campo. Recordó que la iniciativa original de Claudia Sheinbaum fue modificada decenas de veces; mientras el gobierno asegura que hubo 56 cambios, ella afirma que superaron los 90.
Agregó que durante la discusión nocturna se presentaron 18 reservas “estéticas”, sin atender los problemas de fondo para los agricultores, quienes ahora, dijo, “serán dueños del pozo, pero no del agua”.
Advirtió que la reforma elimina la posibilidad de heredar concesiones o venderlas junto con la tierra y concentra en la Conagua nacional la facultad de otorgarlas, algo inviable cuando al propio organismo se le han recortado recursos y capacidades. Lamentó además que el debate legislativo fuera “de bajo nivel” y que se criminalice al sector agropecuario desde el discurso público, asociándolo injustamente con privilegios.
Señaló que la ley impone sanciones desproporcionadas, con multas millonarias y hasta cárcel por supuestos malentendidos administrativos, lo que convierte al agua en “botín político”. Recordó que proviene de una familia agricultora y que entiende el hartazgo del campo, golpeado por la inseguridad, el abandono presupuestal y la eliminación de apoyos como el seguro de daños por temporal. Finalmente, acusó a Morena de encubrir a verdaderos acaparadores del agua y de imponer un modelo que, afirmó, “se acerca peligrosamente a una fisonomía de dictadura”.
