La aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales mantiene un espíritu acaparador y deja sin cumplir el mandato constitucional de 2012 que ordenaba terminar con el régimen fragmentado del recurso, afirmó María González Valencia, directora del Instituto Mexicano de Derecho Comunitario (Imdec). Recordó que durante 13 años comunidades campesinas e indígenas exigieron una legislación que reconociera plenamente su derecho al agua, pero lo aprobado en el Congreso “mantiene la privatización”, pese a la narrativa oficial que presume beneficios para la población.
González Valencia explicó que la nueva Ley General de Aguas carece de efectos exigibles y, en los hechos, remite otra vez el poder regulatorio a la Ley de Aguas Nacionales, que permanece prácticamente intacta.
Con ello —señaló— se incumple el mandato constitucional y se ignoran más de 500 demandas presentadas en audiencias y foros. La reforma tampoco desmonta el acaparamiento ni la sobreexplotación, pues introduce la figura de “reservas de agua”, que sustituyen a los bancos de agua pero permiten reasignar volúmenes sin reducir el sobreconcesionamiento.
Añadió que no se garantiza el derecho humano al agua, ya que no se fijan obligaciones claras sobre el manejo de los recursos hídricos.
La promesa de poner orden en las concesiones quedó reducida, dijo, a un cambio de nombre: el Registro Público de Derechos de Agua pasa a llamarse Registro Nacional del Agua, sin modificaciones de fondo.
Tampoco se incorporaron medidas efectivas para combatir la corrupción ni mecanismos de transparencia en solicitudes, pagos o autorizaciones. Los sistemas comunitarios, aunque mencionados, no reciben derechos plenos; los pueblos indígenas continúan sin reconocimiento específico, y la contaminación del agua no fue tipificada como delito.
Para González Valencia, el proceso fue una simulación que perpetúa la privatización y abre la puerta a que sistemas operadores, como el Siapa, continúen en riesgo de privatización y conflictos ligados a megaproyectos hídricos en Jalisco.
