En la última mesa de diálogo del año de la Comisión de Restauración del Río Santiago, realizada este viernes en El Salto, organizaciones comunitarias denunciaron una omisión generalizada de las autoridades para reconocer el rol de la contaminación industrial en la crisis sanitaria de la cuenca alta. Aunque la sesión, dedicada al tema de salud, contó con la mayor presencia institucional hasta ahora, las dependencias federales, estatales y municipales evitaron pronunciarse sobre los riesgos derivados del crecimiento industrial en la región.
Durante el encuentro, Alan Carmona, habitante de El Salto e integrante del colectivo Un Salto de Vida, señaló que las comunidades llevaron evidencia científica que demuestra la presencia de tóxicos industriales en la población, la cual está basada en estudios realizados junto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; sin embargo, ninguna autoridad refutó los hallazgos, pero tampoco los reconoció públicamente. “No hubo una sola palabra sobre el riesgo que implica la contaminación industrial”, dijo.
Pese a la evasión sobre las causas, uno de los puntos más relevantes de la reunión fue el reconocimiento explícito de las carencias del sistema estatal de salud. El titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Héctor Raúl Pérez Gómez, admitió que la dependencia no tiene capacidad para atender casos de toxicidad crónica, es decir, enfermedades derivadas de exposiciones prolongadas a contaminantes ambientales.
Actualmente, explicó Carmona, la atención toxicológica está enfocada únicamente en intoxicaciones agudas (ingestión accidental o envenenamientos directos), lo que deja sin atención adecuada a quienes enferman “a cuentagotas”, como describen las comunidades.
Incluso habitantes llegaron a la mesa con sus resultados médicos para evidenciar negligencias y negativas de atención. Ante ello surgió el único compromiso concreto: gestionar la creación de un área especializada en toxicidad crónica en el Hospital Civil de Oriente, en Tonalá.
Carmona subrayó que los centros comunitarios y unidades de hemodiálisis instalados en El Salto, Ocotlán, Poncitlán y otras localidades son insuficientes ante la magnitud de la crisis sanitaria. Aunque la enfermedad renal concentra cifras alarmantes, los estudios toxicológicos han documentado también afectaciones neurológicas, hepáticas, pulmonares y distintos tipos de cáncer vinculados a la exposición prolongada a contaminantes.
Al final las instituciones también se comprometieron a instalar una mesa interinstitucional de salud; conformar un comité ciudadano; retomar el Plan de Atención y Prevención de Daños a la Salud por Contaminación Ambiental, y avanzar en el estudio técnico justificativo para la declaratoria de restauración ecológica del “alto Santiago”; sin embargo, las comunidades advirtieron que estos compromisos deberán traducirse en acciones reales y no quedar sólo en declaraciones.
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