El defensor de derechos humanos y colaborador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez, opinó sobre la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional como una modificación significativa que rompe lo establecido por la Constitución de no dejar las tareas de seguridad en manos de los militares.

En palabras de Edgar Cortez, la seguridad no debería estar en manos del ejército, porque éste se prepara para la guerra, para enfrentar a un enemigo y esa formación termina reflejándose cuando se relacionan con los ciudadanos, lo que ha dejado una larga lista de violaciones a los derechos humanos.

El especialista comentó acerca de la inseguridad y la violencia que se vive en algunas regiones del país ha permitido al crimen organizado tomar el poder, ellos deciden qué se hace, cobran impuestos e imparten justicia y las instituciones del estado no han logrado modificar esa situación, sin embargo, cuando se discutió el funcionamiento de la Guardia Nacional, se llegó a un acuerdo de que se podía usar de manera excepcional, como está establecido en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, que en estos casos se podía usar a las fuerzas armadas, pero a la par había que ir haciendo un esfuerzo de formar y desarrollar capacidades en policías civiles.

El gobierno de López Obrador, en cambio, no respetó los acuerdos, debido a que decidieron favorecer y privilegiar a la Guardia Nacional, poniéndola bajo control del ejército y no hubo un desarrollo de policías civiles que se encargaran de estas tareas.

Edgar Cortez, explicó que la reforma de la Guardia Nacional: “tiene varias implicaciones: una es que esta decisión ya la había tomado desde hace tiempo el presidente López Obrador y es que modifica el diseño constitucional en términos de establecer que las instituciones de seguridad tienen que ser civiles y es que ya desde hace muchos años, desde mediados de los noventa, cuando empezaron a participar los militares en tareas de seguridad, lo que teníamos establecido era que los militares, en el caso de que tuvieran que participar, de manera excepcional, dependían de las instituciones civiles y esta regla se modifica al pasar ya a depender directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, además acotaron: no de las Fuerza Armadas, sino de la SEDENA exclusivamente”.

Imprimir