El primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, explicó que las recomendaciones emitidas el jueves 14 de noviembre se deben a la inoperancia y a la ineficacia de las instituciones que deberían apoyar a las víctimas de desapariciones.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió las recomendaciones porque hubo omisiones por parte de diferentes instituciones como la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

“La recomendación que emitimos hoy en la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene que ver con 35 quejas que diferentes personas han presentado en un periodo que va del 2015 al 2023 y están relacionadas con carpetas de investigación o averiguaciones previas, relativas a la desaparición de personas. Nosotros al realizar las investigaciones correspondientes con las autoridades involucradas y con las personas que han denunciado encontramos que las omisiones o las acciones de las autoridades nos llevaron a que su actuar tuvieron diferentes violaciones a los derechos humanos”, explicó el primer visitador.

Las quejas se produjeron porque el personal y las instituciones no cumplieron con los protocolos legales a los que están obligados para hacer la búsqueda de personas para salvaguardar los derechos de las víctimas directas e indirectas, “estos son los principios de exhaustividad, inmediatez, efectivad, debida diligencia y eficacia en las labores de localización, además de que éstas no fueron oportunas ni transparentes, en algunas no hubo un rigor científico, no se realizaron las búsquedas individualizadas y no se solicitó la investigación con otras entidades federativas a nivel nacional, no se elaboró un plan de investigación en el que se hayan definido acciones para el esclarecimiento de los hechos”, detalló Murillo Gutiérrez.

Además, hubo otros fallos en el proceso como que “se observaron algunos periodos de inactividad procesal, en los que la carpeta de investigación no llevó las investigaciones correspondientes y no se dictaron las medidas de protección para las víctimas indirectas, para los familiares de las personas desaparecidas”.

Las deficiencias se deben, según el visitador, a que las instituciones no cuentan con los suficientes recursos materiales ni humanos para cumplir con un protocolo de investigación.

GR

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