Ocultar estudio que revela daños a la salud de niños, es un crimen de Estado, denuncian habitantes  

Los habitantes de El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y Tololotán, pueblos aledaños al Río Santiago, denuncian que el gobierno de Jalisco cometió un crimen de Estado al ocultar por 10 años el estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre los daños a la salud que causa la contaminación del Río Santiago en niños.  

Hace 10 años, también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la macro recomendación 01/2009.

Aunque el actual gobierno del estado señala que sí esta trabajando para sanear la cuenca del Río Santiago, los habitantes reiteran que el crimen que denuncian es ocultar información científica que avala la relación de la contaminación con los daños a la salud.

“El crimen de Estado que estamos denunciando es el ocultamiento del estudio que mandó a hacer la Comisión Estatal del Agua a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a propósito de los conflictos por la presa de Arcediano y nuestros pueblos contra la contaminación, es un crimen de Estado que ha abonado al genocidio silencioso de nuestros pueblos”.

Denuncian que al ocultar el estudio, los privó de la atención extraordinaria que merecen al ser poblaciones obligadas a exponerse a sustancias tóxicas.

“La negación sistemática de la relación entre la enfermedad y la contaminación, por parte de los implicados del ocultamiento, principalmente Alfonso Petersen Farah”.

Las poblaciones reconocieron que la actual administración de Enrique Alfaro ha tenido la contaminación del Río Santiago, discursivamente, en su agenda. Y concordaron que el saneamiento del río no sucederá de un día para otro y menos sin el apoyo de la Federación y los municipios.

Sin embargo, acusaron al gobierno del estado de afirmar que no ocultaría ninguna información en relación al río Santiago, pero en diciembre de 2019, la Semadet decidió ocultar la información sobre el plan de abandono que le aprobó a Caabsa para el vertedero Los Laureles “para no recibir presiones políticas y sociales”.

Los habitantes se manifestaron hoy frente a las oficinas de la CEDHJ, organismo ante el cual se quejaron y solicitan que la macro recomendación 01/2009 sea reestructurada y se emitan las recomendaciones pertinentes para la atención extraordinaria en materia de salubridad general, se declare emergencia ambiental sanitaria y se rechace cualquier proyecto que ahonde la problemática socio ambiental de los pueblos.

EH