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Aumento a maestros
La otra sequía
Hasta hace un año, Ildelisa Miramontes Benavides, comerciante de San Gabriel, vivía en la calle Independencia, justo donde troncos y lodo cubrieron viviendas por completo el 2 de junio de 2019. Ese día, una lluvia en la sierra de Apango provocó un arrastre de diversos materiales por el río Salsipuedes que alcanzó alturas de hasta 2 metros.
“A mí me sacaron de entre la palizada, el lodo y todo eso. Me sacaron, ni supe cómo porque estaba la pila de palizada. Fuimos los más afectados. De los que perdimos todo”.
A la fecha no ha podido retomar al 100 por ciento sus actividades y tiene un año viviendo en la casa de su hija. Tras perder todas sus pertenencias, sólo recibió del gobierno estatal un refrigerador, una estufa y una lavadora, lo que no es suficiente para comenzar de nuevo un hogar.
Ildelisa se dedica a la venta de ropa, pero “la palizada” se llevó parte de las paredes de su negocio y toda la mercancía quedó inservible. Recibió un apoyo gubernamental de 30 mil pesos que, dice, no sirvió para nada, pues le condicionaron el dinero a la compra de equipo de cómputo, algo que no era ni es prioridad.
“(El apoyo) no alcanzó. Tuvimos que ponerle nosotros para pintar y todo eso, de nuestra bolsa. Yo siento que no fue apoyo porque lo utilizamos en cosas que no era necesario. Era más necesario comprar mercancía para poder solventar nuestros gastos”.
Para reparar los muros y pintar su local, que también se ubica en Independencia, justo a una cuadra del río Salsipuedes, tuvo que solicitar un crédito. Apenas consiguió tener todo listo para abrir, llegó el Covid-19 a México, se declaró emergencia sanitaria nacional y no pudo reiniciar su vida económica.
El viernes, cuando NTR la visitó en su local, recibió el distintivo de apertura de establecimientos que entrega el gobierno estatal a los negocios que ya pueden abrir a partir del 1 de junio, por lo que ayer volvió a recibir clientes; sin embargo, sabe que el proceso de reactivación será largo para ella. Primero hay que pagar las deudas.
El 2 de junio de 2019 sigue marcado en San Gabriel. Las huellas de aquel desastre siguen vivas y la justicia no ha llegado. La tarde de hace exactamente un año, la población fue sorprendida por una inundación de lodo y piedras que acarreó el Salsipuedes.
Era un domingo soleado. En la cabecera municipal no cayó una sola gota de lluvia y las personas disfrutaban de la convivencia familiar de la tierra rulfiana.
Nadie lo esperó, pero el desastre llegó y sepultó a decenas de casas. Arrastró vehículos, destrozó puentes y negocios, y, lo más lamentable, provocó la muerte de cinco personas y la desaparición de una mujer.
El río Salsipuedes baja de la sierra de Apango, una de las delegaciones de San Gabriel, hasta la cabecera municipal. La versión oficial concluyó que el desastre fue provocado por tala de árboles e incendios provocados en la zona serrana. Una tormenta en el área se encargó de arrastrar el material por el cauce del río.
Al menos 3 mil personas resultaron afectadas y mil casas con daños, según el saldo que el gobierno de Jalisco difundió el 3 de junio tras una primera evaluación de lo ocurrido.
Sin embargo, los hechos siguen impunes. Aunque se aceptó la responsabilidad humana en el hecho, una denuncia interpuesta el 30 de julio de 2019 por parte del gobierno estatal no ha tenido avances.
Ese día, representantes de la Secretaría General de Gobierno (SGG), de la Coordinación Estratégica de Seguridad, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo territorial (Semadet) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), interpusieron la denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
NTR preguntó a la Semadet el avance del recurso y en respuesta sólo se informó que “actualmente se está a la espera de que la Profepa determine responsables y se inicien los procedimientos de sanciones y reparación de daños ambientales”.
La dependencia especificó que, además de investigar los hechos en San Gabriel, también incluyó en la denuncia el cambio ilegal de uso de suelo de mil 573.80 hectáreas en el Complejo Volcánico de Colima y la sierra del Tigre que afecta a los municipios de Amacueca, Atoyac, Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Mazamitla, Quitupan, Tonila, Sayula, San Gabriel, Tamazula, Tuxpan, Zapotitlán y Zapotlán el Grande.
Tras el desastre, la Profepa sólo ha dado a conocer la clausura de 316 hectáreas de aguacate en San Gabriel. El hecho ocurrió en noviembre de 2019, cuando 14 predios fueron cerrados al deforestar áreas de pino y encino.
A la fecha, la dependencia federal no ha informado si ha encontrado responsables al respecto.
A un año, la recuperación y el cumplimiento de promesas también son lentos.
Hay puentes que aún no son reconstruidos del todo; la calle Independencia continúa cerrada por obras públicas, y el sistema de alerta temprana, uno de los proyectos más importantes en cuanto a prevención, aún no es adquirido.
De acuerdo con María Agredano Cisneros, secretaria general del Municipio, apenas hace unos días el cabildo autorizó comenzar con el proceso de licitación del proyecto. La idea es que esté listo para antes del inicio del temporal, pero éste ya se encuentra a la vuelta de la esquina, ya que de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, comenzará entre el 9 y 15 de junio, es decir, San Gabriel aún no está listo para las lluvias.
A la fecha se ha concluido la construcción de dos puentes y represas a lo largo del río Salsipuedes con el fin de contener la corriente y reducir el riesgo de otro escenario similar.
Recorrer la sierra de Apango en la actualidad deja un sinsabor en el visitante. Lo que antes era sólo bosque y selva baja, ahora está invadido por áreas quemadas, deforestadas y plantaciones de aguacate y mezcal.
A un año de la tragedia de San Gabriel, donde todos los factores antes descritos estuvieron involucrados, no se detienen.
San Gabriel y Sayula están conectados por la una carretera que cruza la sierra de Apango. Justo antes de llegar al kilómetro 15, a un costado de la vía de comunicación, están las huellas de un incendio reciente que consumió hojarasca y arbustos de la sierra baja, pero también arbolado adulto como tepehuajes, huizache, copal, entre otras especies endémicas del lugar.
Justo donde termina la quema, a escasos 50 metros de la carretera, una plantación de aguacate aparece recién instalada. Conforme avanza el recorrido, los indicios de quemas continúan hasta llegar a San Gabriel.
Frente al Mirador Vine a Comala, lo que pueden mirar las personas que ahí lleguen es cómo avanza la deforestación. Solo cruzando la carretera hay ya decenas de árboles derribados listos para encenderles fuego.
Además, justo en el tramo entre el mirador y la cabecera municipal, el cultivo de mezcal ha terminado con hectáreas de arbolado adulto. El año pasado, justo en las fechas del desastre, maquinaria preparaba la tierra. Para hoy, ya están las plantaciones.
Esto no está ni regulado ni prohibido. Además, el estado le derivó la responsabilidad a la Federación y el Municipio, también se lava las manos.
“En ese sentido, quiero ser muy clara, nosotros no somos autoridad competente para trabajar. Puedo asegurarle que cada una de las instancias de gobierno, estatal y federal, han estado presentes en San Gabriel para realizar distintas acciones”, dijo para NTR María Agredano Cisneros, secretaria general del Municipio.
jl/I