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Exige PRI recorte en comunicación

Imagen de la campaña que han implementado para evitar contagios de Covid-19. (Foto: Especial)

Ante la pandémica los gastos de comunicación deben disminuirse, y por consiguiente de las empresas favoritas del gobernador Enrique Alfaro, pero no hay claridad ni intención de hacerlo de manera contundente, denunció la diputada del PRI, Mariana Fernández.

Aseguró que incluso las campañas son malas porque la última sobre el Covid-19 incluye féretros que sólo causan temor en la población en vez de apoyarla.

Fernández expuso que este año tienen 250 millones de pesos para gastos de comunicación social y cuando se aprobó la deuda estatal por seis mil 200 millones de pesos cuestionaron si reducirían esta partida, y la respuesta fue que lo harían en un siete por ciento, pero no hay evidencia que así sea.

“La última campaña que lanzó es una campaña que causa temor a la población. Un gobierno no tiene por qué aterrorizar a la población, y seamos muy sinceros, que contraten a estas empresas y que hagan campañas donde aparezcan féretros, el gobierno se encarga de prevenir, de concientizar y de información, y el gobierno no es alguien que esté asustando a la población al hacer campañas con féretros”, acusó.

Estos recursos podrían ayudar en temas de desarrollo social, apoyo al empleo o temas que sean más importantes que campañas de comunicación.

Fernández mencionó que el tema de las empresas favoritas de Euzen, Indatcom y La Covacha se ha señalado desde hace años de que no eran temas nuevos, y recientemente su bancada parlamentaria lo ha hecho para buscar austeridad en este año en el tema.

“De que todo se ganaba por adjudicación directa, de que todo lo llevaban las empresas de comunicación, y que pareciera que las áreas de comunicación no tienen ninguna utilidad porque los videos, las redes sociales y todo lo llevan las propias empresas”, afirmó.

Cuestionó que al momento de contratar estas empresas se está perjudicando a las direcciones de Comunicación Social porque se duplican funciones.

Fernández pidió la intervención de la Contraloría estatal porque siempre se da la adjudicación directa, y por cantidades tan enormes.

EH