La guerra sucia que todos pagamos

Si todos lo hacen, ¿por qué es importante decirlo? Porque esas campañas sucias por razones políticas no sólo son entre actores políticos, sino afectan también a ciudadanos, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Y sí, también porque se financian con recursos públicos. 

En sus últimas ediciones, El Diario NTR Guadalajara presentó una investigación sobre el trabajo que hacen las empresas que llevan la estrategia de comunicación de los gobiernos de Movimiento Ciudadano y, en particular, del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Comenzamos con un intento de contar los cheques que les han pagado –y lo llamo intento porque la transparencia no es su fuerte– y concluimos con el área encargada del trabajo sucio. Todo tiene que ver con recursos públicos. 

Los gobiernos de Movimiento Ciudadano no son los únicos que han recurrido a estas prácticas de descalificación y guerra sucia desde el poder. Sin embargo, de lo que sí podemos estar seguros es que es la guerra sucia que más dinero nos ha costado a los jaliscienses. 

La primera referencia formal que recuerdo de agresiones desde el gobierno fue durante la administración de Emilio González Márquez, quien pagaba el salario de un funcionario conocido como La Antena para que respondiera agresivamente a periodistas y a activistas de temas como derechos de las mujeres y aborto, que para su agenda eran básicos. 

Con el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval se mejoró con la práctica de la guerra sucia, aunque dejó de hacerse desde dentro del gobierno del estado para comenzar a utilizar las redes sociales. 

En días pasados, el equipo de Signa-Lab del ITESO entregó al público un interesante trabajo denominado Análisis de tendencias y topologías en Twitter. El caso de la #RedAMLOve, sobre el trabajo que hay en redes social para la defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y la implantación de tendencias a su favor o en contra de sus adversarios políticos. 

En lo local, NTR Guadalajara también quiso poner la lupa sobre lo que sucede con las tres empresas que llevan la estrategia de comunicación de Movimiento Ciudadano y sus gobiernos: La Covacha, Indatcom y Euzen. Lo primero que encontramos fue opacidad y dificultades para documentar los contratos que les han sido asignados directamente, por lo que se tuvo que buscar uno a uno los cheques que se les han pagado. En total, hallamos 660 documentos que arrojan pagos por más de 316 millones de pesos. Eso es lo que nos ha costado a los jaliscienses este esquema de comunicación que llegó junto con Enrique Alfaro a la alcaldía de Tlajomulco de Zúñiga en 2009. 

La transparencia tampoco aparece cuando se intenta revisar qué es lo que hacen estas empresas y por qué los gobiernos de Movimiento Ciudadano han decidido brincarse lo establecido en la ley en materia de adquisiciones. 

Pero lo más delicado de todo es la labor que realiza una de las empresas, bajo una estrategia denominada Machete, desde la cual lo mismo se emprende la guerra sucia en contra de algún actor político o social, periodista o medio de comunicación, que se aplauden de forma masiva las acciones de gobierno o se busca provocar tendencias en redes sociales sobre algún mensaje, sobre todo del gobernador Enrique Alfaro. Y todo esto con recursos de los jaliscienses. 

Es por eso que no se trata de un tema que se pueda soslayar. Es cierto, todos sabemos que lo que se ha llamado #Indatbots existe, los vemos circular todos los días por las redes sociales, pero debe revisarse y exhibirse, y más porque en estos tiempos tan complicados para todos, es miserable destinar recursos públicos para esas tareas. 

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