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El abogado de los amparos
Porque nos la quitaron
El desalojo violento de policías estatales contra vecinos y estudiantes en el predio de Huentitán llegó a la Cámara de Diputados por parte de la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, quien lo condenó y pidió una investigación.
Este posicionamiento lo llevó por escrito para ser analizado en la próxima sesión de pleno.
La legisladora solicitó a la Fiscalía Estatal de Jalisco abra una investigación para indagar la actuación de los elementos a su cargo y deslindar responsabilidades y cuestionó que a los manifestantes se les haya tratado como delincuentes y los hayan intimidado con armas largas.
También pidió al Gobierno del Estado establecer una mesa de diálogo para buscar una salida al conflicto donde prevalezca el interés público y no los intereses particulares.
También pidió la intervención a fondo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como su homóloga nacional.
La legisladora federal consideró inadmisible que quienes durante meses han organizado una protesta pacífica para defender los espacios públicos, los derechos ciudadanos y el medio ambiente, de un día a otro “se les trate peor que delincuentes e intimide con armas largas”.
Juárez Piña condenó la acción represiva del gobierno estatal y lo emplazó a establecer una mesa de diálogo para encontrar una salida al conflicto en donde prevalezca el interés público y no los intereses particulares que pretenden apoderarse de un predio donde originalmente estaba previsto un espacio recreativo para los habitantes de la zona.
Recordó que el excesivo uso de la violencia ocurrió al igual que las protestas por la muerte de Giovanni López en manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.
“A las autoridades estatales no le ha quedado claro que el uso de la violencia no es el camino correcto para dirimir conflictos sociales, y lograr la gobernabilidad en la entidad, muy al contrario parece que la alientan”, precisó.
Calificó al gobernador como de oídos sordos, intransigente, inflexible ante el reclamo ciudadano y muy lejos de tomar una actitud republicana que venga a privilegiar el diálogo y la razón.
“El Gobierno Estatal tiene que definir muy claramente si está a favor de los intereses inmobiliarios que buscan enriquecerse a costa de los recursos públicos o apoya la movilización de vecinos y estudiantes que defienden el interés colectivo y el medio ambiente”, concluyó.
jl