La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles iniciar de manera prioritaria el proceso legislativo para crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en Jalisco.
Durante el período de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario, el Ejecutivo y el Legislativo local, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar de manera coordinada las gestiones necesarias, así como los actos jurídicos y administrativos pertinentes para la creación de la fiscalía. En el proceso deberán atender los parámetros establecidos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
“No se justifica la omisión legislativa del Congreso de Jalisco. Aun cuando no se tuvieran recursos para la creación y operación de la fiscalía especializada, la obligación no desapareció, pues dicha autoridad debió prever una partida presupuestaria y no solamente limitarse a crear la unidad especializada”, describió la SCJN en un comunicado
La fiscalía referida debió crearse desde 2017, pero en su lugar se generó la Unidad Especializada en Delitos de Tortura adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos, ente que no es suficiente para realizar las labores de investigación necesarias para atender el delito de la tortura, consideró Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Ante la omisión, la activista ve un estancamiento en la justicia. Entre 2018 y junio de 2023, detalló, el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet) dio cuenta de 204 expedientes o carpetas de investigación en Jalisco por el ilícito; sin embargo, vía transparencia el Cepad pudo conocer que sólo seis judicializaron, es decir, ni el 3 por ciento.
La resolución de la Corte se alcanzó tras el amparo 653/2023, interpuesto por la organización Defensoría Pública Federal con el respaldo y acompañamiento del Cepad. El proyecto fue aprobado con tres votos a favor y dos en contra.
Tras la decisión de la SCJN, desde las organizaciones promoventes se exigirá que el Congreso de Jalisco y el Ejecutivo estatal aceleren los procesos de cumplimiento y puedan crear la nueva fiscalía.
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