Reforma judicial ante la CIDH

¿Qué pensaría usted si llevara a revisar el vehículo que utiliza para trabajar, y el mecánico sin verlo ni examinarlo, le dijera que se lo deje porque le va a tener que bajar el motor? Es probable que usted preguntará cuánto tiempo tardará eso, cuánto costará, y si realmente es necesario hacerlo. Y si el mecánico le dijera que el arreglo va a ser tardado y costoso, pero que es la manera más segura de saber qué es lo que está fallando, y dejarlo bien ¿qué haría? ¿Se lo dejaría?

Pues más o menos algo por el estilo es lo que ocurrió con la reforma al Poder Judicial, impulsada por el anterior presidente, respaldada por la presidenta actual, y ejecutada por el Congreso de la Unión. Eso quedó claro el pasado 12 de noviembre, en el momento en que el representante del Estado mexicano confirmó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esa reforma se llevó a cabo sin contar con un diagnóstico que permitiera determinar que era la mejor alternativa.

Por supuesto que se mencionaron documentos que daban cuenta de la necesidad de hacer una reforma al sistema de justicia, pero no existe nada que nos haga suponer que la reforma judicial tiene probabilidades de funcionar. Esta situación motivó al comisionado Carlos Bernal a afirmar que la reforma judicial “es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo”, utilizado para desmontar las instituciones democráticas.

La situación es tan grave que Alejandra Pochak, la relatora para México de la CIDH, lanzó una serie de preguntas que me parece muy pertinente trascribir: ¿Cuál es el diagnóstico que orientó la reforma? ¿Qué estudios expertos tuvieron en cuenta? ¿Por qué la reforma no incluyó a las defensorías y a las fiscalías y solo se limitó el procedimiento al Poder Judicial? ¿Qué medidas concretas se van a implementar para evitar la cooptación del crimen organizado y la violencia en el contexto electoral? ¿Cómo garantizar que juristas probos y honestos se animen a competir públicamente frente a los riesgos de la violencia y a que la campaña para ser incluidos no implique negociaciones indebidas?

Ante esas preguntas, de parte del Estado mexicano solo hubo respuestas muy vagas, y propaganda, al grado de que se acusó a los jueces de ser los responsables de que haya narcotraficantes libres, pese a que cuando una fiscalía es incapaz de demostrar que una persona es responsable de un delito se le debe dejar en libertad, por respeto al principio de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

En general, el resultado de la audiencia (que se puede ver en https://acortar.link/dtXJF8) dejó muy preocupados a los representantes de la CIDH que estuvieron presentes, quienes comentaron que le darán seguimiento puntual a la implementación de la reforma judicial, porque consideraron que están en riesgo principios muy importantes, como la separación de poderes y la independencia judicial, que son fundamentales en una democracia para garantizar el respeto de los derechos humanos.

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GR