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Crematorio clandestino
La primera clínica de aborto legal del embarazo fue inaugurada el sábado en Guadalajara, la tercera ciudad más poblada de México, para prestar servicios de aborto sin estigmas y con procesos seguros para las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Cuatro meses después de la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas en el estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, este espacio evitará que quienes necesiten este servicio tengan que desplazarse hasta la Ciudad de México, donde está permitido desde 2007.
Ahora, este hospital privado podrá recibir a pacientes de estados vecinos a Jalisco, como Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Colima o Aguascalientes, donde el aborto aún no ha sido despenalizado.
El ginecólogo Alfredo Valdez González, fundador de la clínica ‘Ginecea’, con sedes en Ciudad de México y Sinaloa, explicó a EFE que en los 15 años que llevan en la capital mexicana han atendido a "muchas mujeres que van del estado de Jalisco buscando ese tipo de servicio".
"Entonces, estar aquí con toda la resistencia (social), es necesario”, expuso Valdez González.
Jalisco, el segundo estado más importante en el país y uno de los más conservadores, despenalizó el aborto hasta las 12 semanas en octubre de 2024, frente a la resistencia de grupos antiaborto que presionaron para que la iniciativa no pasara por el Congreso estatal.
En esta clínica, señaló Valdez, los médicos especializados otorgarán el servicio y seguirán los protocolos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud para el aborto seguro, con asesoría en cuanto a los procedimientos, así como acompañamiento emocional a las pacientes.
“Que pueda brindar servicios con calidez, que pueda no estigmatizar más a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y que puedan acudir con confianza, que sea un lugar seguro para las mujeres”, expresó el especialista.
Los procedimientos que realizará serán la Aspiración Manual Endouterina (Ameu), considerada una alternativa segura y eficaz durante el primer trimestre de embarazo, así como el protocolo de aborto con medicamentos, que ya es seguido por algunos centros públicos de salud y las colectivas feministas de acompañamiento que existen en el país.
El estigma social en torno a la interrupción del embarazo es el factor principal de que las mujeres no busquen ayuda o no se acerquen a las instituciones de salud en México para llevar a cabo un aborto, afirmó Valdez.
Y tiene que ver con los juicios morales y religiosos relacionados con el aborto, presentes no solo en las familias, sino también entre el personal de salud que debe dar esta atención en los hospitales públicos.
“En la mayoría de los estados en los que se ha aprobado, también se ha aprobado que la atención por parte del sector salud sea gratuita, que puedan acceder a este tipo de servicios sin costos para la población del estado, la cuestión es que hay mucho estigma en relación con el cómo me van a ver o qué van a decir de mí”, dijo.
Valdez González señaló que ‘Ginecea’ está dedicada únicamente a atender abortos dentro de las 12,6 semanas permitidas por la mayoría de las legislaciones estatales.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en 2021 la inconstitucionalidad del delito de aborto en todo el país, obligando a los estados a reformar sus legislaciones y que las mujeres y personas con capacidad de gestar tengan acceso a servicios gratuitos de interrupción del embarazo.
Desde entonces, más de 20 estados han despenalizado el aborto voluntario, comenzando por Ciudad de México en 2007; seguida de Oaxaca (2019); Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima e Hidalgo (2021); Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo en 2022; Aguascalientes, Puebla, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México y Chiapas (2024).
Además, en enero de 2025, la SCJN declaró inválido el delito de aborto voluntario en Chihuahua, dando paso a una despenalización judicial antes que legislativa.
En los 11 estados restantes, la interrupción del embarazo es permitida solo en casos de agresión sexual y otras causales legales como peligro de muerte o daños en la salud para la persona gestante.
GR