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Haciéndose el sorprendido
Aranceles como canasta básica
"Mira, mi cabrón, nosotros (…) no andamos con mamadas, tú vas para la escuela de sicarios, así que súbete, si no voy a regresar y voy a levantarte a ti y a huevo te voy a llevar y a toda tu familia la voy a matar”, le dijo el reclutador a un adolescente de Guadalajara cuando descubrió que la oferta laboral a la que postuló era en realidad del crimen organizado. Ante el temor de que cumplieran su promesa, se subió al vehículo.
Ese es el testimonio de un adolescente liberado en 2017 de un inmueble de Puerto Vallarta en el que estaba junto a varias personas más, algunas de ellas extranjeras. Ese mismo año lo reclutaron, pero fue rescatado junto con otros cinco adolescentes; entonces se detuvo a una persona que, pese a ser encontrada culpable del delito de desaparición cometida por particulares, su pena fue de cuatro años de prisión, una multa de 16 mil 8 pesos y una reparación del daño.
En la sentencia se precisa que las personas rescatadas fueron reclutadas para adiestrarlas y que en algún momento se unieran a un grupo de la delincuencia organizada; sin embargo, ese centro de adiestramiento no figura en las estadísticas oficiales.
Si se le contempla, de 2011 a la fecha en Jalisco suman al menos ocho centros de adiestramiento criminal encontrados y desmantelados en un corredor geográfico que va desde Puerto Vallarta hasta los Altos de Jalisco, pasando por la zona serrana de la región Valles.
Para obtener esa cifra, NTR encontró información de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) sobre espacios catalogados como “campamentos y fincas de entrenamiento y/o reclutamiento forzado, detectados y desmantelados”. En el documento, publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la autoridad da cuenta de sitios de este tipo hallados entre 2006 y mayo de 2020.
En total, la SSE contabilizó cinco lugares en el periodo referido y el primero data del 5 de diciembre de 2011. No se contempla el hallado en Puerto Vallarta.
El detectado en los primeros días de diciembre de 2011 se localizó en San Sebastián del Oeste y no se encontró más que un vehículo y un cargador de arma corta.
En Tala hubo tres hallazgos en 2017, mismo año que desmantelaron el de Puerto Vallarta. Todos se localizaron en la zona serrana entre el 18 y 27 de julio, pero sólo en uno de ellos se encontró a personas. El total fue de 16: 12 delincuentes y cuatro víctimas, además de dos armas largas.
Ese mismo año, pero el 22 de noviembre, se halló otro campamento, pero ahora en Cañadas de Obregón; sin embargo, tampoco se reportó la localización de personas, armas, droga o vehículos.
Entre 2018 y 2020 la autoridad no reportó hallazgo alguno de este tipo de centros, pero NTR encontró, vía notas periodísticas y boletines de prensa oficiales, que en los años posteriores a 2020 se localizaron dos centros de adiestramiento más, ambos en Teuchitlán.
El primero es el propio Rancho Izaguirre, encontrado en septiembre de 2024 tras un reporte al C5 que fue atendido por la Guardia Nacional (GN). En ese momento se detuvo a 10 personas y se liberó a dos víctimas con vida, pero las autoridades abandonaron el lugar y el colectivo Guerreros Buscadores retomó las acciones en el predio el 5 de marzo de este año.
El segundo fue encontrado en enero de 2025 cerca de la Presa La Vega y se liberó a más de 30 personas. Algunas de ellas dijeron que fueron reclutadas con engaños, según informó entonces el gobernador Pablo Lemus Navarro.
Con la Nueva Central Camionera de Guadalajara como foco rojo, en 2024 se visibilizó la problemática del reclutamiento forzado en Jalisco, pero no era nueva. La sentencia retomada al inicio de este texto muestra que al menos desde 2017 se usaba el mismo modo de operación.
El adolescente que fue víctima narró en el juicio que vio una oferta laboral en redes sociales. Posteriormente pidió información y le llamaron por teléfono y, sin dar datos de su domicilio, llegaron a su casa en un vehículo. Le permitieron pasar el fin de semana en casa para celebrar el cumpleaños de su abuelo, pero el lunes regresaron por él y, con amenazas de por medio, lo obligaron a subir a un auto.
Lo trasladaron a la Nueva Central Camionera, le compraron un boleto de camión y lo enviaron a Puerto Vallarta, donde ya lo esperaban para llevarlo a un centro de adiestramiento. Todo eso pasó en la administración del entonces gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero continuó durante la de Enrique Alfaro Ramírez y no hubo acciones para atender el delito.
Por el contrario, el hoy ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien al terminar su mandato se fue a vivir a Madrid, España, negó no una vez, sino siempre la existencia de un problema de este tipo en Jalisco y que la Nueva Central Camionera fuera un foco rojo.
El 26 de agosto del año pasado el gobernador dijo: “No es cierto (que hay desapariciones en la central), llevamos en los últimos días varios casos que se denuncian como desaparecidos, que hacen manifestaciones, que hay señalamientos y terminan siendo casos que no estaban desaparecidos. Lo que yo digo es: hablemos con prudencia de estos temas”.
Días después, el 2 de septiembre, insistió: “Que haya un registro de que una persona que tiene una denuncia de desaparición pasó por última vez en la Central (Nueva), no significa que lo levantaron en la Central. Es que es muchas veces casos de ausencias voluntarias que se suben a un camión y se van por su propia cuenta y su último registro es en la Central”.
Tras la detención de dos personas por acciones de reclutamiento, el 12 de septiembre dijo: “Yo creo que no es un asunto de engaño, es un asunto de entender que en el momento en que tú te metes a ese círculo pernicioso de la droga, el tráfico, la venta, el consumo, estás poniendo en riesgo tu vida es lo que necesitamos que los jóvenes sepan. Se ha llegado a un nivel ya de sí mismo en el que las publicaciones son en fuentes abiertas, en redes sociales, publican invitaciones a participar y hay jóvenes que caen en esas redes”.
NTR publicó la semana pasada que, a la par de estos discursos, nunca se investigó el reclutamiento forzado en la pasada administración. Sólo se abrieron tres carpetas, una en 2019 y dos en 2020, pero sin derivar en sentencia alguna.
jl/I