Quinto Patio

Las autoridades lograron rescatar con vida a 38 jóvenes en dos ranchos de adiestramiento del crimen organizado, en Teuchitlán: el Rancho Izaguirre, de donde liberaron a dos, y el Rancho La Vega, con 36 más, todas víctimas de reclutamiento forzado, pero que no eran buscados por las autoridades, pues afirman que no tenían denuncia formal por desaparición. Se deduce que hay subregistro de desapariciones, pues.

Esas 38 personas lograron afortunadamente regresar sanas y salvas con sus familias. Pero las preguntas que aquí surgen son ¿por qué no había denuncias? El gobernador Pablo Lemus reveló que 80 por ciento eran de otros estados. ¿Será que allá sí había denuncias, pero la Fiscalía de Jalisco ni se enteró? Si sucedió esto último, mostraría, una vez más, la grave falta de coordinación entre los estados para las búsquedas.

¿Las familias no denuncian por miedo, por no tener dependencias cerca, porque no confían en las autoridades o porque reciben amenazas si lo hacen? No lo sabemos y difícilmente las autoridades se harán esas preguntas. Pareciera que no importara mucho la crisis real; sí, la que supera los números oficiales. ¿Será que mientras haya menos denuncias, mejor?

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Ante la crisis de desapariciones en Jalisco, forzadas o cometidas por particulares, están generándose propuestas de solución no solo de los colectivos de familias con desaparecidos o de madres buscadoras, que llevan añales señalando qué es posible hacer. Entre las promoventes de alternativas, por ejemplo, están las regidoras zapopanas María Inés Mesta y Ana Martínez, quienes presentaron una iniciativa para crear una comisión colegiada transitoria que, entre otras funciones, visibilice la crisis de desapariciones en el municipio, analice los programas en marcha y proponga medidas para prevenirlas.

Otro caso relacionado indirectamente con las desapariciones es la cultura que legitima a quienes cometen ese y otros delitos. Como parte de esa cultura están los narcocorridos que se cantan en espectáculos o conciertos, como sucedió en el Auditorio Telmex, que normalizan la violencia y glorifican a criminales. Por ello, la diputada Brenda Carrera García presentará una iniciativa para reformar el artículo 142 del Código Penal y que la apología del delito tenga mayor penalidad, de dos a cuatro años de cárcel y su respectiva multa. Ideas hay para acotar a los criminales. ¡Vengan más iniciativas en pro de la paz!

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Han seguido las reacciones condenatorias del asesinato cometido en Guadalajara de Teresa González Murillo, quien era integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y que buscaba a su hermano, desaparecido por desconocidos en septiembre del año pasado en pleno Centro tapatío. Por cierto, también se ha cuestionado a la Fiscalía del Estado por señalar que una probable causa del crimen fue el robo, ante lo cual se exige que investigue tomando como base que fue una defensora de derechos humanos y que todas las líneas de indagación consideren los riesgos de su labor, como indica Imdec.

Pues bien, entre quienes se han pronunciado está la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la recién creada Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas en el Estado de Jalisco, que preside la diputada local Tonantzin Cárdenas. La exigencia: que haya justicia.

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