El 10 de junio de 2025 el Congreso del Estado aprobó reformar siete artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales, y en el decreto respectivo señaló los plazos para la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales (Itei). El decreto se publicó el 16 de octubre en el periódico oficial ‘El Estado de Jalisco’.
El decreto establece que la autoridad garante es la Contraloría del Estado, con las facultades y competencias que establecen las leyes correspondientes, en cuanto al Poder Ejecutivo y los municipios. De los poderes Judicial y Legislativo son garantes sus órganos de control interno. El Itei, pues, quedó ya extinguido. El Congreso del Estado deberá emitir, a más tardar, el 15 de enero de 2026 la legislación secundaria que dará forma al nuevo modelo garante de transparencia en Jalisco. Corre tiempo.
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Primer acto: circula un video en redes sociales donde aparece la camioneta con placas JB-5284 A, con dos tripulantes que son acusados de pedir dinero a una pizzería. Son trabajadores de Inspección y Vigilancia del gobierno municipal de Guadalajara.
Segundo acto: la alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo, advierte que no se permitirá ningún acto de corrupción, y que los trabajadores de Inspección y Vigilancia que presuntamente pidieron dinero a un negocio de comida ya fueron separados de su cargo y están siendo investigados por la Contraloría municipal.
Tercer acto: el regidor José María Martínez critica que la administración de Delgadillo solo actuara cuando el caso se volvió mediático, pese a que el edil había denunciado la situación desde la semana pasada ante el pleno del ayuntamiento.
Enésimo acto: cualquiera que medianamente conozca cómo funciona un ayuntamiento sabe que Inspección y Vigilancia es his-tó-ri-ca-men-te una de las dependencias con más señalamientos de corrupción. ¿A poco lo desconoce la administración naranja?
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Organizaciones civiles piden, ya, la destitución y/o inhabilitación del director general del Siapa, Antonio Juárez Trueba, “por su responsabilidad, opacidad y comportamiento” en el caso de la conductora televisiva Eli Castro, luego de los escándalos de corrupción y abusos de poder durante el primer año de su gestión, lo cual reforzó, indican, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado durante la glosa del primer informe del gobernador.
El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Frente de Pueblos de Ribera del Lago de Chapala, entre otros, plantean seis demandas, dos de las cuales son: transparentar la propuesta de reingeniería para su revisión y retroalimentación social, ambiental, técnica y económica, y de abrir dicho proceso de reingeniería a las y los trabajadores del organismo, e incorporar a todas las voces y actores que proponen un cambio de paradigma en la gestión pública del agua de Jalisco y México.
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Ahora que ya “renunció” (es un decir) Alejandro Gertz a la Fiscalía General de la República y se anunció que fue detenido Héctor “N”, ‘El Coreano’, identificado como uno de los operadores involucrados en el reclutamiento y adiestramiento forzado en el Rancho Izaguirre y el de La Vega, además de tener probable participación en otros delitos, ¿Ernestina Godoy se meterá a fondo al caso?
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