La ambientalista y abogada Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) y una de las voces más reconocidas en la defensa del territorio, enfrenta un proceso penal que organizaciones civiles consideran un caso paradigmático de criminalización contra quienes protegen el medio ambiente. El 18 de noviembre, el juez federal Rogelio León Díaz Villarreal la vinculó a proceso tras una denuncia presentada en 2019 por Inmobiliaria Lisco y Banco Azteca, luego de que en 2018 ella y la Asociación de Colonos de Bosques de San Isidro obtuvieran una suspensión definitiva para detener el proyecto inmobiliario Reserva Las Cañadas.
Gutiérrez Nájera señaló que dicho desarrollo carece de manifestación de impacto ambiental y contraviene la densidad permitida en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano ZPN-09 El Nixticuil, además de ubicarse en una zona cercana a áreas de protección hídrica y barrancas estratégicas. Afirmó que el caso ha estado marcado por irregularidades procesales, reactivaciones injustificadas del expediente y un actuar parcial del juez.
Relató que aceptó este litigio por su relevancia para el interés público y porque cumplía con los criterios del Idea para asumir casos, aunque desde 2018 se ha convertido en uno de los procesos más complejos frente a desarrolladores privados. Explicó que, ante deficiencias técnicas y falta de conocimiento especializado, algunas inmobiliarias recurren a influencias y acciones estratégicas para inhibir la participación pública y hostigar a activistas y abogados. Desde 2019, dijo, comenzó a sentir la presión de ambas empresas, especialmente cuando obtuvo suspensiones del proyecto.
Las acciones en su contra iniciaron con descalificaciones públicas —“primero me llamaron mentirosa”, recordó— seguidas de una denuncia penal que en mayo de 2020 fue desestimada por falta de elementos. Sin embargo, aseguró que, ante presiones de los privados, la carpeta fue reactivada y enviada al juez sin nuevos argumentos, imputándole el delito de falsedad para obtener ventajas procesales.
Gutiérrez Nájera calificó el proceso como profundamente desgastante, enfrentándose a un poder económico “no acostumbrado a litigar de manera honesta y frontal”. Sostuvo que tomó este caso porque considera que, si la ciudad ya es difícil de habitar, proyectos como el señalado comprometen su futuro ambiental. “Están penalizando el derecho a defenderse y a acudir a los tribunales”, advirtió.
Ella y su equipo jurídico esperan que el amparo interpuesto permita obtener protección federal y anular el auto de imputación penal.
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