Inicia hoy 9 de enero el registro obligatorio de líneas móviles en México, que busca combatir delitos como extorsión y fraude telefónico al vincular cada número a una identidad oficial.

Sin embargo. expertos en ciberseguridad advierten que la medida podría ser insuficiente, ya que la mayoría de los delitos se realizan mediante plataformas digitales como WhatsApp y Telegram, fuera del alcance de esta regulación.

“Uno de los escenarios más delicados surge cuando un teléfono es robado y posteriormente utilizado para cometer un delito. Al estar la línea vinculada a una identidad específica, el proceso para deslindar responsabilidades podría convertirse en un trámite complejo ante autoridades ministeriales”, advirtió Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn.

El problema se agrava por la persistencia de la suplantación de identidad. Aunque los operadores deberán validar documentos contra bases oficiales, el mercado negro de datos personales y la circulación de credenciales falsas elevan el riesgo de registros indebidos.

“Mientras exista un mercado activo de datos robados, el riesgo es que ciudadanos terminen vinculados a líneas que nunca usaron, y después tengan que demostrar su inocencia ante procesos largos y poco efectivos”, añadió el especialista en ciberseguridad.

Cuando las víctimas detectan la usurpación, los casos suelen escalar a fiscalías y unidades cibernéticas, que deben solicitar videos de tiendas, registros de activación y rastreos de IMEI, investigaciones que suelen ser lentas.

Para Ruiz, el registro intenta recuperar la trazabilidad de las comunicaciones en un país golpeado por la extorsión telefónica, pero deja intacto el ecosistema digital donde hoy operan los grupos criminales.

jc