La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco manifestó su rechazo a la reforma electoral que impulsa Morena a nivel federal, al considerar que representa un riesgo para el sistema democrático del país y para la autonomía de las instituciones electorales.

Durante un posicionamiento público, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco, Laura Haro Ramírez, sostuvo que cualquier modificación en materia electoral debe construirse desde el consenso, la oposición y la participación de la sociedad civil, y no desde el poder. 

Señaló que existen declaraciones de actores de Morena que apuntan a la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y a la eliminación de la representación proporcional, lo que, dijo, debilitaría los equilibrios democráticos.

La dirigente priista subrayó que la representación proporcional surgió históricamente para garantizar la voz de las minorías y recordó que fue impulsada en su momento para evitar la concentración absoluta del poder. En ese sentido, afirmó que eliminar esta figura limitaría la pluralidad política y la crítica institucional.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía y a las fuerzas políticas de oposición a mantenerse alertas y a defender las libertades democráticas, al tiempo que reiteró la disposición del PRI para construir un bloque opositor rumbo al proceso electoral de 2027, sin descartar competir de manera independiente si no existen condiciones de unidad.

En el ámbito local, Haro Ramírez exigió al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco emitir a la brevedad la resolución pendiente sobre las acciones afirmativas en favor de las mujeres, particularmente aquellas que buscan garantizar que en al menos ocho de los municipios más importantes de la entidad las contiendas sean entre mujeres. 

Durante el encuentro también se abordó la designación del nuevo fiscal anticorrupción del estado. El PRI señaló que otorgó un voto de confianza al perfil elegido, pero advirtió que no se trata de un “cheque en blanco” y que habrá vigilancia permanente sobre su desempeño, especialmente en casos de presunta corrupción de alto impacto.

CE