Una audiencia laboral en Ciudad Guzmán terminó en agresiones físicas luego de que la abogada de una empresa insultara y atacara al representante legal de un trabajador ciego despedido sin causa justificada. La compañía se negó a pagar las prestaciones que por ley le corresponden tras casi 18 años de servicio.

El afectado es Carlos Domínguez Aceves, trabajador ciego, adulto mayor y padre de tres hijos, dos de ellos dependientes, quien acumulaba casi 18 años de antigüedad en la misma empresa. De acuerdo con la denuncia, fue despedido sin causa justificada y sin recibir el pago de sus prestaciones laborales desde el mes de diciembre.

Durante la audiencia de conciliación la empresa ofreció un finiquito de 18 mil pesos, cantidad que, según los representantes del trabajador, no cubre las prestaciones mínimas que establece la ley para una relación laboral de casi dos décadas.

El desarrollo de la diligencia se vio empañado por un altercado dentro de las instalaciones oficiales. La abogada de la empresa, Karina Rentería Sánchez, lanzó insultos personales contra el representante legal del trabajador y posteriormente se produjo una agresión física. Estos hechos quedaron asentados en un reporte policial y en un informe presentado ante la autoridad local.

A pesar de que la parte trabajadora manifestó de manera reiterada su decisión de no conciliar y proceder legalmente, la conciliadora no emitió el auto de no conciliación y ordenó la programación de una nueva audiencia, obligando a las partes a reunirse nuevamente pese al contexto de violencia ocurrido durante la sesión.

Tras los hechos, la parte trabajadora intentó hacer pública la situación ante medios de comunicación; sin embargo, en Canal 4 de Zapotlán el Grande declinaron realizar una entrevista con el argumento que existían procesos legales en curso.

Agrupaciones como la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco señalaron que el caso genera preocupación por el trato institucional otorgado a una persona en condición de vulnerabilidad y por la continuidad del procedimiento sin que, hasta el momento, se atendieran de forma visible los actos de violencia denunciados ni la voluntad expresa del trabajador de avanzar por la vía judicial.

La situación permanece en análisis dentro de las instancias legales correspondientes.

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