Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar documentos de inteligencia generados en 2014 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al considerar que no pueden mantenerse bajo reserva.
El fallo instruye a la dependencia castrense a proporcionar alrededor de 853 folios militares elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias del Ejército, que no han sido facilitados pese a las solicitudes de los familiares.
Los padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos presentaron en agosto de 2023 una demanda para exigir la entrega de dichos documentos, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reportara haber tenido acceso a comunicaciones internas del Ejército relacionadas con el seguimiento a los estudiantes antes, durante y después de los hechos del 26 de septiembre de 2014.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) recordó que el sexto y último informe del GIEI reveló la existencia de documentación militar adicional que no fue entregada a las familias ni integrada a la investigación.
La organización señaló que los familiares denunciaron la omisión de las autoridades militares en el cumplimiento del decreto presidencial de 2018, emitido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que obligaba a todas las dependencias federales a colaborar sin restricciones en el esclarecimiento del caso.
Según el Centro Prodh, ante el “ocultamiento arbitrario” de información, los padres de los estudiantes recurrieron a la justicia federal para destrabar la entrega de los archivos. Asimismo, sostuvo que la investigación se vio afectada por decisiones políticas y por la falta de voluntad para confrontar la opacidad de las fuerzas armadas.
En su resolución, el juzgado determinó que la información requerida no puede clasificarse como confidencial o secreta, al existir un interés público preponderante y el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad.
GR
