Este martes 10 de marzo, un grupo de agremiados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo realizará una asamblea extraordinaria para exigir transparencia y rendición de cuentas a su dirigencia, tras una serie de hechos que, aseguran, han generado inquietud dentro del gremio, como retrasos en apoyos sindicales, la entrega tardía de un vehículo sorteado entre trabajadores y la difusión de plazas laborales que no identifican como procesos formales dentro del Congreso.
Integrantes del sindicato, quienes solicitaron omitir sus nombres por seguridad, señalaron que la principal demanda es que el secretario general y el secretario de Finanzas presenten los informes de actividades y financieros que, de acuerdo con los estatutos, deben rendirse periódicamente ante la asamblea.
La reunión fue convocada por los propios trabajadores luego de reunir más de 104 firmas certificadas ante notario público, lo que representa cerca de 40 por ciento de los 259 agremiados del sindicato. Los estatutos permiten convocar a una asamblea extraordinaria cuando al menos 30 por ciento de los integrantes lo solicita.
Entre los puntos del orden del día se encuentran la presentación del informe anual de actividades del secretario general, el informe financiero correspondiente al ejercicio 2025 y la integración de la Comisión de Honor y Justicia.
Los trabajadores señalaron que, en caso de que los dirigentes no se presenten a rendir cuentas, los informes quedarían sin aprobar y la asamblea podría turnar el caso a la Comisión de Honor y Justicia para iniciar una investigación interna conforme a los estatutos del sindicato.
Entre las principales inconformidades que mencionan los agremiados están retrasos en el pago de apoyos funerarios a trabajadores, que en algunos casos hasta por seis meses.
También refirieron el retraso en la entrega de un vehículo que fue sorteado entre los integrantes del sindicato. De acuerdo con su versión, el recurso para adquirirlo estaba disponible desde mediados de 2025, pero el automóvil se entregó hasta finales de febrero de este año.
Los entrevistados aseguraron que cuentan con documentación que respalda estos señalamientos, incluidos comprobantes de pagos e información obtenida mediante solicitudes de transparencia.
Los agremiados también señalaron dudas sobre un supuesto programa interno de ascensos laborales que contempla cuatro plazas con distintos niveles salariales.
Indicaron que tres de esos salarios coinciden con los montos que percibían familiares del dirigente sindical que recientemente dejaron de laborar en el Congreso.
Según explicaron, hasta ahora no han identificado que exista un programa formal de este tipo ante las autoridades administrativas del Poder Legislativo ni ante las instancias responsables de aprobar movimientos laborales dentro del Congreso.
Rechazaron que exista intervención de actores políticos externos o autoridades del Congreso en la inconformidad interna, al señalar que se trata de un movimiento impulsado por los propios trabajadores.
Las decisiones que se tomen dependerán del desarrollo de la asamblea, aunque los agremiados adelantaron que, en caso de detectarse irregularidades, el tema podría ser analizado por la Comisión de Honor y Justicia para determinar posibles sanciones conforme a los estatutos del sindicato.
JC
