El abogado constitucionalista Javier Martín Reyes consideró que la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum era una mala iniciativa que habría debilitado las condiciones de competencia y representación política en México.

El especialista explicó que, aunque la propuesta era menos regresiva que la presentada en por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluía medidas que limitaban la representación proporcional.

Señaló que uno de los riesgos más importantes era la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, en un contexto en el que gran parte del dinero de las campañas es ilícito o no reportado, disminuir los recursos oficiales podría incrementar la dependencia de financiamiento ilegal.

El investigador, por otra parte, explicó que hay propuestas, como la que obligaba a plataformas digitales, radiodifusoras y televisoras a verificar si los contenidos políticos habían sido creados o modificados con inteligencia artificial, que abrirían la puerta a mecanismos de censura previa al responsabilizar a los medios de impedir la difusión de ciertos contenidos.

Respecto al llamado Plan B anunciado por el gobierno federal, Martín Reyes señaló que algunas propuestas, como reducir el presupuesto de los congresos locales o disminuir el número de integrantes de los ayuntamientos, tendrían un impacto presupuestal limitado porque éste depende directamente de los estados, pero sí podría favorecer una mayor concentración del poder político.

El especialista advirtió además que una de las propuestas más preocupantes sería permitir consultas populares en materia electoral, algo que prohíbe la Constitución. De aprobarse, explicó, se abriría la posibilidad de someter a votación temas como el financiamiento a los partidos o incluso la permanencia de ciertas fuerzas políticas en el sistema.

Finalmente, señaló que también existe el riesgo de que se busque empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias, lo que permitiría que la presidenta aparezca en la boleta y que los comicios funcionen como un referéndum sobre su gestión.

El investigador añadió que, en caso de aprobarse cambios a leyes secundarias, podrían presentarse impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, hay dudas de que represente un contrapeso real al poder Ejecutivo.

GR