La magistrada de circuito en retiro Emilia Molina de la Fuente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, advirtió que la reforma al Poder Judicial provocó un deterioro significativo en la calidad de la justicia y en el equilibrio democrático del país.
La juzgadora señaló que, tras la implementación de la reforma, se registró una caída en la calidad de las resoluciones judiciales, así como en la percepción pública del Poder Judicial. Afirmó que existe una regresión en los estándares de protección de derechos humanos y alertó sobre la presencia de jueces sin la preparación necesaria o con afinidad al gobierno, lo que debilita el papel del Poder Judicial como contrapeso del Estado.
Molina de la Fuente explicó que, ante la falta de eficacia de los recursos internos, recurrieron a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para denunciar las afectaciones a la independencia judicial. Detalló que recientemente participaron en audiencias regionales en Guatemala, donde expusieron las consecuencias de la reforma, incluyendo presiones institucionales contra jueces y sanciones a quienes emiten resoluciones contrarias a los intereses del gobierno.
Asimismo, indicó que se promovieron acciones legales a nivel internacional para buscar medidas de no repetición que garanticen la independencia judicial y el restablecimiento del Estado de derecho. Señaló que actualmente existe una petición en trámite contra el Estado mexicano, en espera de que se determine su admisibilidad y un eventual análisis de fondo.
La magistrada sostuvo que la reforma no sólo afecta al Poder Judicial, sino que compromete el acceso de la ciudadanía a la justicia, al limitar la capacidad de los jueces para actuar con independencia en casos de violaciones a derechos humanos.
Finalmente, criticó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener el calendario de elecciones judiciales, al considerar que podría profundizar la politización del sistema y favorecer al grupo en el poder. También advirtió que la concurrencia de procesos electorales podría generar condiciones de inequidad y debilitar aún más las garantías democráticas en el país.
GR










