El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, además de dar de baja a otras 13, al argumentar que no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

De acuerdo con un documento oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la mayoría de las organizaciones perdió su estatus como donatarias autorizadas por no acreditar las condiciones necesarias conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).

Entre las organizaciones afectadas se encuentran Mexicanos Primero, enfocada en el derecho a la educación; México Evalúa, dedicada al análisis de políticas públicas, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, especializado en temas de economía y competitividad.

Según la legislación vigente, las organizaciones que no recuperen su autorización en un plazo de 12 meses deberán destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada.

El SAT explicó que, en algunos casos, la revocación se debe a la falta de acreditación vigente en materia de investigación científica y tecnológica, derivada de cambios normativos tras la publicación de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en 2023. Esta reforma limitó la validez de constancias emitidas previamente por el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt).

Además, especialistas señalan la existencia de un vacío normativo, ya que la legislación actual no establece un mecanismo claro para que las organizaciones acrediten este tipo de actividades.

Organizaciones consultadas indicaron que se encuentran en proceso de regularizar su situación ante el SAT y esperan respuesta antes de que concluya marzo. Rechazaron incumplir con sus obligaciones fiscales y advirtieron que la medida afecta tanto la captación de recursos como la percepción pública de su labor.

Por su parte, activistas y académicos advirtieron que la cancelación de autorizaciones podría impactar la participación de la sociedad civil en asuntos públicos, al dificultar el acceso a financiamiento mediante donativos deducibles de impuestos.

GR